Redacción La Pluma Viral
Con calles anegadas en excremento, agua turbia y un servicio calamitoso, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), bajo la batuta de Marcelo Caponio, desata una feroz cacería judicial contra los vecinos. Deudas mínimas, honorarios millonarios para abogados amigos y una indignación popular que ya no se aguanta más.
La paciencia de los tucumanos llegó a un límite insostenible. Mientras la mitad de la provincia opta por no pagar la boleta de un servicio que roza lo inhumano, la respuesta de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)—comandada por Marcelo Caponio—lejos está de solucionar el problema de fondo. En lugar de garantizar agua potable y terminar con las cloacas desbordadas, la empresa eligió la vía más cruel y recaudatoria: judicializar masivamente a los deudores para armar un verdadero curro judicial y de honorarios millonarios.
Vivir entre la caca y pagar para no tomar agua
Caminar por los barrios de Tucumán se convirtió en una prueba de supervivencia y asco.
Las calles están inundadas de materia fecal, hay pérdidas de agua por todos lados y se forman lagunas nauseabundas en plena vía pública. A esto se le suma que miles de vecinos sufren cortes constantes o abren la canilla solo para encontrarse con un líquido marrón, turbio y con olor putrefacto, obligándolos a gastar plata que no tienen en agua embotellada.
Graciela una vecina indignada, lo resumió fielmente en las redes: «Esto ya se volvió un juego de robos. ¿A vos te parece pagar por un servicio que no sirve? El agua no la podés tomar, tiene un olor que da asco y a la mañana sale color marrón».
Con este panorama de desidia absoluta, la pregunta cae de madura: ¿con qué caradura pretenden cobrar tarifas completas cuando regalan un servicio propio de la Edad Media?
El «negocio redondo»: Deudas de miseria y honorarios millonarios
Lejos de buscar una moratoria lógica o un plan de pago accesible para ayudar a la gente en plena crisis, la SAT implementó una maquinaria implacable de embargos bancarios. ¿El objetivo real? Todo indica que no es regularizar deudas, sino alimentar un circuito de recaudación para abogados amigos.
El caso testigo que desnuda la maniobra es aberrante: una jubilada del barrio Villa Luján denunció que, por una supuesta deuda de apenas $120.000 pesos con la SAT, le quisieron encajar unos honorarios legales de casi un millón de pesos.
¡Diez veces más de lo que debía!
Y lo peor de todo: por esos montos astronómicos de estudios jurídicos vinculados al poder, como los que señalan los vecinos, no te dan factura, ni siquiera cuando pagas los honorarios. Es un saqueo a la luz del día avalado desde las altas esferas.
Nicolás otro vecino de la cuidad indica: “Dentro de un sucucho de oficina en la SAT pusieron un abogado que cobra a los clientes montos exagerados en honorarios cuando las deudas son muy inferiores». Primero pagas los honorarios y luego te hacen el plan de pagos.
Le pedís al abogado recibo y te dice que no puede, que no hace faltas, que pases hacer el plan de pagos. Esta todo solucionado”.
Son varios los vecinos que denuncian hostigamiento a sus celulares para regularizar las deudas por medio del conocido estudio jurídico “Ostengo”.
Indignación en la calle
La bronca popular está en todas las plataformas digitales, donde los testimonios se multiplican y apuntan directamente contra la connivencia política. Los vecinos denuncian que la voracidad judicial cuenta con guiños cómplices, señalando incluso la falta de control real por parte de organismos como el Tribunal de Cuentas, a quien acusan de mirar para otro lado mientras se embarga a los laburantes.
Los tucumanos están hartos de ser rehén de una prebendaria que no da la cara, que destruye la ciudad con calles hechas un desastre y que encima usa la Justicia como garrote para vaciar los bolsillos de los jubilados y trabajadores.
¿Hasta cuándo va a durar este negociado a costa de la salud y la dignidad del pueblo tucumano, señor Marcelo Caponio?
La gente ya habló, y la respuesta es unánime: esto no es gestión, es una estafa institucionalizada.
