Redacción de La Pluma Viral.
Mientras miles de tucumanos hacen malabares para llegar a fin de mes, pagar la boleta de luz, comprar alimentos o incluso desprenderse de bienes para afrontar sus gastos, una cifra millonaria vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos del Gobierno provincial.
A través del Decreto N.º 749/3, vinculado al Expediente N.º 570/120-D-2026, la Secretaría de Estado de Comunicación Pública a cargo de Lic. Lucenti, Mariana Elisa, tramita una ampliación presupuestaria de $2.400 millones dentro del Presupuesto General.
La cifra resulta difícil de ignorar, especialmente después de las declaraciones del ministro de Economía, Daniel Abad, quien públicamente sostuvo que no hay recursos y que las cuentas provinciales atraviesan restricciones.
¿No hay plata o no hay plata para determinadas cosas?
Porque mientras desde el Gobierno se habla de austeridad, falta de recursos y dificultades para afrontar las demandas de distintos sectores, la comunicación oficial parece encontrar un camino mucho más generoso.
¿$2.400 Millones para qué?
La discusión no pasa solamente por una cifra. Pasa por establecer qué destino concreto tendrán esos $2.400 millones, qué servicios se contratarán, quiénes serán los beneficiarios y bajo qué criterios se distribuirán esos recursos.
La Secretaría de Estado de Comunicación Pública queda así nuevamente en el centro de la escena.
Para el ciudadano común, la contradicción resulta brutal: cuando falta dinero para pagar servicios, alimentos o sostener el poder adquisitivo, el Estado sí parece encontrar recursos millonarios para fortalecer su aparato de comunicación.**
Y ahí aparece una cuestión que merece una explicación pública y detallada.
¿Se trata de comunicar políticas públicas o de construir una imagen favorable del Ejecutivo provincial?
EL Tucumano de bien paga la cuenta.
El contraste es inevitable. El tucumano que trabaja todos los días debe ajustar sus gastos, endeudarse, vender pertenencias o elegir entre pagar una factura y poner comida sobre la mesa. Mientras tanto, desde el Estado aparecen ampliaciones presupuestarias por miles de millones de pesos destinadas al área de Comunicación.
¿Por qué hay recursos para comunicación mientras se les pide sacrificio permanente a los ciudadanos?
No se cuestiona que el Estado tenga que informar. Se cuestiona la prioridad, el monto y la transparencia del gasto cuando la sociedad atraviesa una situación económica delicada.
Y si esos fondos están destinados a publicidad oficial, la discusión debe ser todavía más profunda: ¿cómo se distribuyen, con qué criterios y qué relación existe entre pauta oficial y cobertura periodística?
ABAD DICE QUE NO HAY RECURSOS; EL DECRETO MUESTRA OTRA COSA
Las declaraciones del ministro Abad quedan inevitablemente enfrentadas con el contenido del decreto. Por un lado, el discurso de la escasez.
Por el otro, $2.400 millones adicionales para el área de Comunicación Pública.
La contradicción merece una explicación que no sea un simple comunicado.
Porque cuando el dinero es público, no pertenece al Gobierno de turno: pertenece a los tucumanos. Y cada peso que se destina a publicidad y comunicación debería poder ser explicado con absoluta transparencia. En una provincia donde muchos ciudadanos sienten que cada vez tienen menos, $2.400 millones para comunicación no pueden pasar inadvertidos.
El tucumano necesita saber si esos recursos van a servir para informar a la sociedad o si, simplemente, se está financiando un gigantesco dispositivo para “hablar bonito” del Ejecutivo provincial.
La respuesta, esta vez, no debería estar en una conferencia de prensa.
Debería estar en los números, los expedientes, los contratos y el destino final de cada peso.
