Calles anegadas, líquidos cloacales, basura y familias que sobreviven juntando cartones exponen una crisis que atraviesa a la provincia y se profundiza bajo la mirada desinteresada de los responsables.
Una postal que ningún gobierno debería normalizar.
Hay imágenes que dicen más que cualquier discurso oficial.
Calles convertidas en barro, líquidos cloacales desbordados, vecinos obligados a caminar entre aguas contaminadas y familias que recorren los barrios buscando cartones y botellas para sobrevivir.
El video que circula en redes vuelve a poner frente a los ojos una realidad incómoda de Tucumán; mientras la política habla de obras, gestión y planificación, en determinados barrios todavía hay vecinos que conviven diariamente con problemas básicos de saneamiento.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), bajo la conducción de Marcelo Caponio, tiene precisamente entre sus responsabilidades la prestación de los servicios de agua potable y cloacas. Pero parece hacerse el desentendido de la situación de emergencia con la que toda la provincia convive a diario. Para quien vive frente a una cloaca desbordada, para quien tiene líquidos cloacales en el patio de su vivienda, la situación es desesperante.
El gobernador Osvaldo Jaldo sostiene un discurso de administración responsable y presencia en la provincia.
La SAT, por su parte, comunica obras y operativos en distintos puntos. Incluso durante agosto se anunciaron trabajos para mejorar sistemas cloacales y de agua en diferentes localidades. La contradicción de la gestión con las imágenes con las que convivimos es desbastadora.
El problema no es solamente sanitario. También es social, porque cuando una familia termina juntando cartones y botellas para conseguir ingresos, no solamente se habla sobre infraestructura. Es también sobre pobreza, empleo, ingresos y condiciones de vida.
El ajuste nacional tampoco ocurre en el vacío
A esa realidad provincial se suma el escenario económico nacional. El Gobierno de Javier Milei reivindica la reducción de determinados indicadores de pobreza y sostiene que el programa económico permitió mejorar la situación social.
Pero las estadísticas nacionales conviven con otra realidad cotidiana: familias que ajustan alimentos, hogares que buscan nuevas formas de generar ingresos y sectores vulnerables que sienten con fuerza el impacto del costo de vida.
Por eso, hablar de una “política del hambre” funciona como una expresión crítica frente a las consecuencias sociales que sus detractores atribuyen al ajuste, no como una descripción neutral de la política económica.
Entre el discurso y el barro
Tucumán no puede resolver sus problemas culpando a la Nación cuando el gobernador Jaldo acompaña decisiones claves del presidente y su provincia sufre las consecuencias de esas decisiones.
Mientras Nación habla de ajuste, equilibrio fiscal y sacrificios, Tucumán enfrenta sus propias urgencias: servicios deficientes, pobreza y barrios donde la dignidad parece depender de que alguien, alguna vez, decida hacerse cargo.
La política puede discutir números, obras, superávit, déficit y presupuestos. Pero hay una medida mucho más sencilla. Caminar.
Y comprobar cuánto hay de “gestión” y cuanto de “discurso”.
