La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT SAPEM) vuelve a quedar bajo la lupa. Según surge del Decreto N° 1.836/3, correspondiente al Expediente N° 565/369-S-2026, se otorga a la empresa estatal un Aporte Financiero No Reintegrable de $155.650.664,80, destinado a afrontar gastos.
Más de 155 millones de pesos de fondos públicos para una empresa que, al mismo tiempo, mantiene una relación cada vez más conflictiva con miles de usuarios.
Cuando reclamar se convierte en una batalla judicial
Uno de los aspectos que merece una revisión urgente es la presunta presión jurídica que enfrentan usuarios de la SAT por deudas o reclamos vinculados al servicio.
Para una persona de ingresos medios o, peor aún, para un jubilado que cobra la mínima, recibir una intimación, una demanda o cualquier amenaza de avanzar judicialmente por una deuda puede convertirse en una verdadera pesadilla.
El problema no es solamente económico. Existe una enorme asimetría entre una empresa estatal que dispone de estructura jurídica y recursos y un usuario que muchas veces no sabe cómo defenderse.
¿Cuántos tucumanos terminan aceptando deudas, planes de pago o reclamos simplemente por temor a quedar atrapados en un proceso judicial?
Si existen mecanismos de cobro judicial, deberían estar acompañados por información clara, mecanismos efectivos de reclamo y garantías para que ningún usuario sea obligado a pagar conceptos que considere incorrectos sin poder defenderse.
El jubilado, otra vez en el medio
Mientras la SAT recibe un aporte no reintegrable de $155.650.664,80, un jubilado que percibe la mínima debe enfrentar el costo de los servicios básicos y, eventualmente, reclamos por facturas que pueden representar una parte significativa de sus ingresos.
El Estado asiste a la empresa, mientras el usuario queda solo frente a la factura.
Y cuando el usuario no puede pagar, aparece la presión.
Primero la deuda. Después la intimación. Y eventualmente, la vía judicial.
Para quien tiene dinero, un abogado puede ser una herramienta de defensa. Para quien apenas llega a fin de mes, una carta documento o una notificación judicial puede convertirse en una amenaza que lo obliga a resignar otros gastos esenciales.
¿Y quién controla el agua que utilizan los lavaderos?
A esta situación se suma otra cuestión que requiere controles: la presencia denunciada de numerosos lavaderos que funcionarían de manera clandestina o irregular en distintos sectores de San Miguel de Tucumán, particularmente en zonas próximas a avenida Papa Francisco, uno de los accesos a la capital.
Si estos establecimientos efectivamente funcionan sin las habilitaciones correspondientes, las autoridades deberían explicar cómo se controla el consumo de agua, si están registrados y si cumplen con las obligaciones tributarias, ambientales y comerciales.
Porque mientras al usuario domiciliario se le reclama el pago de cada factura, resulta razonable preguntar si existe el mismo nivel de control sobre quienes desarrollan actividades comerciales con un consumo considerable de agua.
$155 millones y demasiadas preguntas
El Decreto N° 1.836/3 — Expediente N° 565/369-S-2026 abre una discusión que el Gobierno y la SAT deberían responder públicamente.
¿Cuánto dinero público recibió la SAT mediante aportes similares?
¿Cuál es su situación financiera?
¿Cuánto recauda mensualmente?
¿Cuánto dinero destina a su estructura jurídica y al cobro de morosidad?
¿Cuántos usuarios fueron intimados judicialmente?
¿Cuántas demandas inició la empresa contra usuarios?
¿Cuántas fueron cuestionadas o rechazadas?
Y, sobre todo, ¿qué mecanismos tiene un jubilado o un usuario de bajos ingresos para defenderse frente a un reclamo que considera injusto?
Porque el agua es un servicio esencial.
Y el ciudadano no debería sentir que está enfrentándose a una maquinaria jurídica cada vez que no puede afrontar una factura o decide cuestionar un cobro.
Mientras la SAT recibe $155 millones no reintegrables, el usuario queda frente a la factura, la deuda y la amenaza de la Justicia.
La sociedad tiene derecho a saber si estamos frente a una administración eficiente de un servicio público o ante un sistema donde el Estado pone el dinero y el usuario pone el cuerpo.
