El paro nacional de CONADU por 48 horas expuso el choque entre las universidades públicas y el gobierno de Javier Milei, en un conflicto atravesado por reclamos por financiamiento, caída salarial y desacuerdos sobre cómo reformar el sistema. Dos estudiantes militantes de distintas agrupaciones debatieron en Infobae Al Amanecer sobre el presente de la educación superior y coincidieron en un punto: las condiciones laborales y presupuestarias ya afectan la cursada y la calidad académica.
Emanuel Fernández Larrosa, estudiante de la Universidad Nacional de las Artes, afirmó que “más del 80% de los docentes están por debajo de la línea de pobreza”. También relató que muchos profesores dejaron la docencia universitaria para buscar mejores condiciones en otros sectores.
Por su parte, Facundo Garcés, estudiante de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires y militante de Somos Libres, dijo que no espera que el Gobierno atienda el reclamo universitario. “No creo que escuche. El Gobierno tiene una iniciativa de recomponer, pero la situación sigue siendo muy complicada”, sostuvo.
El estudiante vinculó la profundización del conflicto con la aplicación parcial de la ley de financiamiento universitario, que a su juicio no resolvió los problemas de fondo. Fernández Larrosa, estudiante de arte en la UNA y militante de La Mella, situó el eje en otro lugar: defendió el financiamiento del sistema público como condición para repensarlo.
Cómo sostener la universidad pública
Garcés sostuvo que el gobierno nacional muestra voluntad de mejorar el sistema educativo, aunque reconoció demoras y límites. “Decir que el gobierno no se ocupa de la educación es poco honesto”, afirmó.
Al explicar esa posición, mencionó un aumento del 20% y una actualización posterior del 3%, aunque aclaró que esa recomposición respondía a la gestión anterior.
Su planteo no se concentró solo en el nivel del presupuesto. También cuestionó cómo se distribuyen los recursos, qué criterios se usan para asignar becas y qué carreras reciben financiamiento, y sostuvo que el sistema educativo necesita una revisión.
En esa línea, discutió el costo de algunas carreras en comparación con universidades privadas y mencionó datos sobre el gasto por egresado en la UNA. Fernández Larrosa rechazó esos números y reclamó mayor rigor al momento de usarlos.
El estudiante de arte respondió con una definición opuesta sobre la salida al conflicto. “La manera de repensar el sistema es financiarlo”, remarcó, y defendió a la universidad pública como herramienta de inclusión y desarrollo profesional. Y formuló una definición más amplia sobre su función social. “La universidad pública es el pilar fundamental de tener un país”, dijo.
La caída salarial y los paros ya impactan en las cursadas
Más allá de sus diferencias políticas, ambos coincidieron en que el deterioro de las condiciones laborales de los docentes tiene consecuencias directas sobre las clases. La secuencia, según describieron, incluye paros, interrupciones de la actividad académica y pérdida de calidad educativa.
Garcés admitió que el salario docente sufrió “una caída muy fuerte”, aunque pidió leer ese deterioro en un contexto macroeconómico más amplio. “También hay que entender de dónde venimos”, señaló, al sostener que el ajuste presupuestario no empezó ahora sino que se arrastra por la inflación y la falta de actualización de los recursos universitarios.
Garcés afirmó que apenas “el 1% del sector más vulnerable” logra terminar estudios universitarios en instituciones nacionales y planteó que, en los hechos, los sectores más pobres financian la formación de estudiantes de familias con mayores recursos.
En tanto, Fernández Larrosa rechazó esa lectura y defendió el papel de la universidad pública como vía de ascenso social. Afirmó que el Estado debe impulsar políticas que amplíen el acceso y garanticen la permanencia de los estudiantes de sectores vulnerables.
Política dentro de los campus
El arancelamiento apareció de manera lateral en el intercambio. Garcés no se manifestó a favor de cobrar por estudiar, pero insistió en revisar el funcionamiento del sistema y en definir con claridad qué se financia y para qué; Asimismo, Fernández Larrosa rechazó cualquier propuesta que implique restringir el acceso o reducir el aporte estatal.
Al mismo tiempo, Garcés sostuvo que algunas protestas en los campus adquieren un sesgo político-partidario y relató episodios en los que se cerraron accesos a la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, con impacto sobre otras personas que usan sus servicios.
Fernández Larrosa defendió la legitimidad de la expresión política en los ámbitos académicos. “Las universidades públicas también son ámbitos de debate y construcción democrática”, argumentó, y recordó que la propia UNA fue constituida como universidad a partir de políticas impulsadas por gobiernos anteriores.
