Mientras crece el peso de la boleta eléctrica sobre los hogares tucumanos, vuelve a instalarse la posibilidad de un nuevo incremento tarifario. La comparación con Jujuy abre una pregunta incómoda: ¿por qué la misma empresa puede ofrecer tarifas diferentes según la provincia?
Los bolsillos de los tucumanos vuelven a quedar en el centro de la tormenta. A los aumentos acumulados durante los últimos meses podría sumarse un nuevo incremento en la tarifa eléctrica durante noviembre, una posibilidad que genera preocupación en hogares, comercios y pequeñas empresas que ya tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes.
La situación adquiere mayor relevancia cuando se observa lo que ocurre en otras provincias. En Jujuy, donde también opera la empresa EDET, las tarifas pueden resultar más bajas según el nivel de consumo y la categoría del usuario. La comparación inevitable es: si se trata de la misma empresa, ¿por qué el impacto sobre el bolsillo puede ser tan diferente?
Pero hay otro componente que pocas veces aparece en el centro de la discusión: la enorme carga impositiva que contiene la factura eléctrica.
El usuario tucumano no paga solamente por la energía que consume.
En la boleta aparecen distintos conceptos, impuestos, tasas y cargos que terminan elevando considerablemente el monto final. Para muchas familias, abrir el sobre o mirar la factura digital se convirtió en un momento de preocupación: el salario no acompaña el ritmo de los aumentos y los servicios básicos se llevan una porción cada vez mayor de los ingresos.
Una crisis que no siempre ocupa los titulares
Mientras la discusión política se concentra en candidaturas, internas partidarias y actos, en miles de hogares tucumanos la preocupación es mucho más concreta: cómo pagar la luz, el gas, el alquiler, los alimentos y el transporte.
La crisis energética también golpea a comerciantes y emprendedores. Una factura eléctrica elevada significa mayores costos operativos, menos margen de ganancia y, en muchos casos, la necesidad de trasladar esos aumentos a los precios.
El problema ya no es solamente cuánto cuesta un kilowatt. El verdadero interrogante es cuánto puede soportar una familia antes de que la boleta de electricidad se convierta directamente en una deuda.
¿Quién controla el costo final?
La discusión debería ir más allá de EDET. Si la factura incorpora una fuerte carga impositiva y distintos conceptos adicionales, resulta imprescindible que las autoridades expliquen con claridad qué porcentaje corresponde efectivamente al consumo eléctrico y cuánto termina pagando el usuario en impuestos, tasas y otros cargos.
Los tucumanos tienen derecho a conocer el destino de cada peso que aparece en una factura que, para muchas familias, dejó de ser un gasto más para convertirse en un verdadero problema económico.
Si finalmente llega otro aumento en noviembre, la pregunta será inevitable:
¿Hasta dónde puede aumentar la luz en Tucumán mientras los salarios y los ingresos de las familias siguen perdiendo poder adquisitivo?
Porque detrás de cada factura hay una familia. Y detrás de cada aumento, una decisión que tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana.
La luz se puede cortar. El ingreso de una familia, en cambio, no puede multiplicarse por decreto.
