En la misma provincia donde miles de familias hacen malabares para llegar a fin de mes, aparecen cifras millonarias destinadas a pauta oficial.
¿Cuánto cuesta construir una imagen amable del poder mientras la realidad golpea cada vez más fuerte?
Tucumán vuelve a quedar atrapado en una contradicción que indigna.
Mientras buena parte de la sociedad enfrenta una economía asfixiante, con familias que deben recortar gastos básicos y, en muchos casos, desprenderse de bienes del hogar para poder comer, desde el Estado continúan circulando millones de pesos destinados a comunicación y publicidad oficial.
Una cifra expuesta en la documentación difundida coloca el debate sobre la mesa: $17 millones correspondientes a la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y otros $16 millones provenientes de la Caja Popular de Ahorros, contemplados por 12 meses ambos destinados a pauta durante septiembre de 2026 para eltucumano.com.
El total señalado asciende a $33 millones en un solo mes.
La cuestión no es atacar a un medio por recibir publicidad. La publicidad oficial puede ser legítima y necesaria. El verdadero interrogante es otro:
¿cuáles son los criterios objetivos para distribuir esos recursos públicos? ¿Qué contraprestación recibe el Estado? ¿Existe una evaluación sobre el impacto de cada contratación? ¿Quién controla que la pauta no termine funcionando como una herramienta de construcción política?
Porque cuando se utilizan recursos que pertenecen a todos los tucumanos, la transparencia no debería ser una opción.
¿Información pública o blindaje político?
La comunicación institucional tiene una función concreta: informar a la ciudadanía.
Pero cuando la pauta oficial adquiere dimensiones millonarias, resulta razonable preguntarse si se está financiando exclusivamente información de interés público o si, indirectamente, se está construyendo un ecosistema mediático favorable al poder de turno.
La diferencia es enorme.
Una cosa es comunicar campañas sanitarias, obras, servicios, programas sociales o información imprescindible para la población.
Otra muy distinta es utilizar fondos estatales para sostener estructuras de comunicación capaces de presentar permanentemente una versión amable de una gestión mientras los problemas reales quedan relegados.
El Estado no debería pagar para que le hablen bonito. Debería pagar —cuando corresponda— para informar.
La paradoja que duele. La escena es difícil de ignorar.
Por un lado, familias preocupadas por el precio de los alimentos, los servicios, los medicamentos y el alquiler.
Por el otro, expedientes administrativos que muestran contrataciones publicitarias de varios millones de pesos.
¿Qué sentiría una familia que no llega a fin de mes al saber que en un solo mes se destinan $33 millones a pauta oficial en un determinado medio digital?
No se trata de demonizar la actividad periodística ni de desconocer que los medios necesitan recursos para funcionar.
Se trata de discutir prioridades, transparencia y reglas de juego.
Porque cada peso que sale del Estado tiene detrás el esfuerzo de un contribuyente.
No alcanza con decir que existe un expediente, una contratación o una autorización administrativa.
La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se paga, qué recibe a cambio, quién decidió contratar y bajo qué parámetros se determinó el monto.
Porque mientras algunos cuentan millones en publicidad, otros cuentan las monedas para comprar comida.
