Una millonaria inversión pública vuelve a generar interrogantes en la Comuna de Amaicha del Valle. Bajo la gestión de César Paul Caillou, se destinan $96.055.000 a la remodelación de la Plaza San Martín, una obra cuyo alcance, según la descripción disponible, se concentra principalmente en iluminación LED y la incorporación de paneles solares para usos vinculados a la energía y el calentamiento de agua.
En una provincia donde miles de familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, el destino de casi $100 millones de fondos públicos para una intervención sobre un espacio público obliga a preguntar:
¿Qué se va a hacer exactamente, cuánto cuesta cada componente y quién controlará que cada peso llegue efectivamente a la obra?
El problema no es solamente el monto. El verdadero interrogante está en la proporcionalidad entre el dinero comprometido y las prestaciones que recibirán los vecinos.
¿$96 millones para qué?
La remodelación de la Plaza San Martín contempla, de acuerdo con la información conocida, una mejora del sistema de iluminación mediante tecnología LED y la instalación de paneles solares destinados al aprovechamiento de energía y al calentamiento de agua.
¿Cómo se justifica un presupuesto de $96.055.000 para una intervención con esas características?
Si se trata de una obra financiada con recursos públicos, la sociedad tiene derecho a conocer el presupuesto detallado, los costos unitarios, las empresas contratadas, el procedimiento de contratación, los plazos de ejecución y los certificados de avance.
Porque una cosa es «invertir en infraestructura sustentable» y otra muy diferente es pagar cifras millonarias sin que exista una explicación pública clara y verificable sobre el costo real de cada trabajo.
La transparencia no puede ser opcional
La utilización de fondos públicos exige controles. Y cuando se trata de una comuna pequeña, donde una erogación de casi $100 millones puede representar una cantidad significativa de recursos, el control debería ser todavía mayor.
Por eso, la gestión de César Paul Caillou debería explicar públicamente:
* ¿Cuál es el presupuesto desagregado de los $96.055.000?
* ¿Qué empresa o empresas ejecutarán la obra?
* ¿Cómo fueron seleccionadas?
* ¿Hubo licitación, concurso de precios o contratación directa?
* ¿Cuánto se pagará por los paneles solares?
* ¿Cuánto costará el sistema de iluminación LED?
* ¿Qué cantidad de luminarias serán instaladas?
* ¿Qué capacidad tendrán los paneles solares?
* ¿Qué sistema se utilizará para el calentamiento de agua?
* ¿Cuál será el plazo de ejecución?
* ¿Quién realizará el control técnico y financiero?
* ¿Cuánto se abonará en concepto de mano de obra, materiales y equipamiento?
Son preguntas básicas cuando se habla de $96.055.000 de dinero de todos los tucumanos.
La sospecha no es una condena
Hablar de posibles irregularidades, sobreprecios o malversación requiere pruebas y documentación. Un presupuesto elevado, por sí solo, no demuestra que haya existido malversación de fondos públicos.
Pero sí puede justificar un pedido de explicaciones y una revisión exhaustiva cuando existe una diferencia que, a simple vista, merece ser analizada entre el monto destinado y el alcance informado de la obra.
La transparencia debe estar por encima de cualquier color político.
Una plaza, casi $100 millones y demasiadas preguntas
La Plaza San Martín puede y debe ser mejorada. La incorporación de tecnología LED y energías renovables puede representar una inversión positiva para Amaicha del Valle.
Cuando se utilizan $96.055.000 del erario público, los vecinos tienen derecho a saber cada peso gastado, cada proveedor contratado y cada trabajo realizado.
La pregunta que queda instalada es contundente:
¿Cuánto de esos $96 millones se verá realmente en la plaza y cuánto terminará quedando en el camino?
La respuesta no debería depender de discursos políticos. Debe surgir de los expedientes, los contratos, las facturas, los certificados de obra y los organismos de control.
Porque en Amaicha del Valle no se está hablando de plata ajena: se está hablando de dinero público.
