Hay números que no son solamente números. Hay cifras que, cuando se las pone frente a la realidad cotidiana de miles de tucumanos, se convierten en una verdadera cachetada social.
En una provincia donde hay familias que tienen que vender la heladera, los muebles o lo poco que tienen para poder llevar comida a la mesa, aparecen cifras millonarias destinadas a sostener la comunicación oficial y, según los cuestionamientos planteados, a beneficiar a determinados medios.
¿Qué prioridades tiene el Estado?
La pauta publicitaria oficial debería servir para informar a la ciudadanía sobre servicios, programas, obras y políticas públicas. Pero cuando los recursos estatales terminan concentrándose en determinados medios, la discusión deja de ser meramente publicitaria y pasa a ser institucional: ¿se está pagando para informar o se está financiando una determinada construcción del poder?
La propia nota publicada por «La Pluma Viral» advierte sobre la dependencia de algunos medios respecto de la publicidad estatal y plantea un interrogante central: ¿puede un medio ejercer un control periodístico verdaderamente independiente sobre un gobierno del que recibe recursos económicos?
$192 millones frente a una heladera vacía.
La cifra impacta todavía más cuando se la contrasta con la realidad social.
Mientras tanto, hay tucumanos que no están discutiendo estrategias de comunicación, posicionamiento digital ni campañas institucionales. Están discutiendo qué vender para comprar comida.
Una heladera puede representar mucho más que un electrodoméstico: puede ser el último recurso de una familia desesperada para transformar un bien en alimentos.
Por eso el contraste resulta brutal.
De un lado, millones para publicidad. Del otro, familias desprendiéndose de sus bienes para sobrevivir.
Y la sociedad tiene derecho a preguntar dónde están las prioridades.
La pauta oficial no puede convertirse en un premio a la obediencia.
El problema no es que el Estado comunique. El Estado tiene que comunicar.
El problema aparece cuando la publicidad oficial puede transformarse en una herramienta de poder: «premiar a los medios amigos, castigar a los críticos y generar condiciones económicas que terminen condicionando la agenda periodística».
Eso es especialmente peligroso porque la prensa tiene una función que va mucho más allá de publicar comunicados oficiales.
Un medio de comunicación debe preguntar. Debe investigar. Debe incomodar. Debe poner bajo la lupa al poder.
Y, sobre todo, debe poder decirle que no al gobierno sin miedo a perder el cheque.
La propia publicación de La Pluma Viral señala que la concentración de pauta puede generar interrogantes sobre autocensura, silencios editoriales y pérdida de independencia.
¿Quién controla al poder cuando el poder paga?
Esta es la pregunta que debería estar en el centro del debate.
Porque si un gobierno utiliza millones de pesos del presupuesto para publicitar su gestión, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se paga, a quién, bajo qué criterios y qué resultados se obtienen.
No alcanza con decir que se trata de publicidad.
Hay que transparentar cada peso.
Porque esos millones no salen del bolsillo del bolsillo del interventor Guillermo Norry. Salen de los recursos públicos.
Y mientras esos recursos circulan hacia campañas y medios, en los barrios hay familias que hacen cuentas imposibles, trabajadores que llegan con lo justo a fin de mes y hogares donde la comida se convirtió en una preocupación diaria.
Tucumán necesita información, no propaganda
La comunicación oficial puede ser necesaria.
La propaganda disfrazada de periodismo, no.
Tucumán necesita medios capaces de controlar al poder, no de maquillarlo. Necesita periodistas que puedan publicar una investigación aunque moleste al gobernador de turno. Necesita ciudadanos que sepan cómo se gastan sus impuestos.
Y necesita, fundamentalmente, una discusión pública sobre la distribución de la pauta oficial.
Porque cuando se destinan cifras millonarias a la comunicación mientras parte de la sociedad tiene que vender sus pertenencias para comer, la pregunta deja de ser incómoda y se vuelve obligatoria:
¿Cuánto le cuesta a Tucumán que algunos medios hablen bonito del poder?
