El debate por la permanencia en el poder vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede estirarse una ingeniería electoral sin terminar vaciando de contenido el principio republicano?
La discusión sobre una eventual nueva candidatura del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ya no puede analizarse únicamente desde la conveniencia política o las estrategias electorales. El planteo expuesto en el documento pone sobre la mesa una cuestión institucional mucho más profunda: la posibilidad de que modificaciones constitucionales o cambios de roles permitan prolongar el control del Poder Ejecutivo sin una verdadera alternancia.
El caso de Formosa y Gildo Insfrán aparece como espejo de advertencia.
La Justicia Federal cuestionó el régimen de reelección indefinida y puso en discusión los límites que tienen las autonomías provinciales cuando las reglas electorales terminan afectando principios básicos del sistema republicano.
Y allí aparece Tucumán.
El documento sostiene que una eventual nueva postulación de Jaldo, después de 12 años de permanencia en la primera línea del Poder Ejecutivo provincial, debería ser examinada bajo los mismos criterios constitucionales que la Corte Suprema viene desarrollando en distintos precedentes.
La cuestión de fondo no sería simplemente cuántas veces puede presentarse un dirigente, sino algo mucho más delicado: si mediante una modificación formal de las reglas se puede reiniciar el contador político y desconocer el tiempo efectivo de permanencia en el poder.
¿Cambiar de cargo para cambiar la historia?
Uno de los puntos más críticos del planteo apunta al supuesto mecanismo de alternar entre los cargos de vicegobernador y gobernador para sostener el poder durante períodos sucesivos.
Si una persona ocupa primero la Vicegobernación y luego la Gobernación, el interrogante constitucional es inevitable: ¿el cambio de cargo implica realmente alternancia o simplemente una continuidad del mismo proyecto político en la cima del poder?
La diferencia no es semántica.
La alternancia republicana no debería reducirse a cambiar el nombre que aparece en una boleta mientras permanece intacta la estructura de poder. Porque si las reglas permiten que una misma conducción política se perpetúe indefinidamente mediante movimientos institucionales, la elección puede seguir existiendo, pero la alternancia real comienza a convertirse en una ficción.
El antecedente de Formosa vuelve inevitable la comparación.
La discusión sobre la reelección indefinida de Insfrán llegó a la Corte Suprema y puso en primer plano una cuestión que excede a cualquier gobernador: las provincias tienen autonomía, pero esa autonomía no constituye una autorización para desconocer los principios republicanos que forman parte del orden constitucional argentino.
Por eso, el documento plantea que una reforma constitucional local no debería convertirse en una herramienta para borrar de un plumazo décadas de ejercicio del poder.
La pregunta que queda flotando es brutalmente sencilla:
¿Puede una reforma constitucional reiniciar el contador político de alguien que ya lleva años gobernando?
Si la respuesta fuera afirmativa, cualquier límite temporal podría ser convertido en una formalidad fácilmente esquivable.
El poder frente al espejo
La discusión no es contra una persona en particular. Es contra una lógica peligrosa: la idea de que quien controla el poder puede modificar las reglas para continuar controlándolo.
Una democracia saludable necesita elecciones, pero también necesita límites, controles, independencia institucional y alternancia.
Porque una cosa es ganar elecciones y otra muy distinta es construir un sistema donde las reglas terminen diseñadas para favorecer la permanencia de quienes ya están en el poder.
El documento advierte precisamente sobre eso al hablar de una posible “neutralización de la alternancia”.
Y esa expresión debería preocupar a toda la dirigencia tucumana.
Porque cuando la política empieza a discutir cómo reiniciar el contador, cambiar de casillero o utilizar una reforma constitucional para habilitar nuevas candidaturas, el problema deja de ser electoral.
Pasa a ser institucional.
Tucumán no puede mirar para otro lado
Jaldo tiene derecho a defender políticamente su proyecto y sus aspiraciones electorales dentro de los mecanismos que establezca la Constitución. Pero cualquier modificación de las reglas debe superar un examen mucho más exigente que el de una mayoría circunstancial.
Debe responder una pregunta fundamental:
¿La reforma fortalece la República o simplemente facilita la permanencia de quienes gobiernan?
Porque si las reglas se modifican para garantizar que el poder continúe en las mismas manos, la democracia puede conservar sus urnas, sus actos electorales y sus discursos republicanos, pero corre el riesgo de perder algo mucho más importante: la posibilidad real de alternancia.
El antecedente de Formosa funciona como una señal de alarma.
Y Tucumán debería escucharla.
Porque en una República, ningún dirigente debería ser más grande que las instituciones. Y ninguna reforma constitucional debería convertirse en una llave para abrir indefinidamente la puerta del poder.
