En plena redacción de la reforma laboral, el Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de convocar a los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) antes de hacer pública la versión final del proyecto que enviará al Congreso para tratar durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes se muestran conformes con la composición de la nueva cúpula de la central liderada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).
Una importante fuente con acceso al despacho presidencial, el Poder Ejecutivo planea realizar un nuevo llamado a la central obrera, aunque por estas horas se trata de una idea incipiente, que podría tomar forma como una nueva convocatoria a los gremialistas que supieron visitar Casa Rosada para mantener encuentros con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En pleno diseño del detalle de lo que presentan como “modernización” del sistema labora, la administración libertaria busca incluir al sindicalismo, actor clave de la puja por los cambios, aunque reafirman que la redacción final correrá por cuenta de la Casa Rosada. En eso trabaja el Consejo de Mayo los días 20 de cada mes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Entre los seis consejeros, la central tiene su representación en el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Germán Martínez.
Pese a los intentos conciliadores, el propio Martínez, quien asistió al menos a cinco reuniones del consejo, anticipó que hasta el momento no hay coincidencia en los borradores de la reforma.
“En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”, supo declarar a través de un comunicado luego del último intercambio.
Otro de los puntos que preocupa a las autoridades de la central es la posibilidad de que el proyecto de ley incluya la obligación de pedir autorización para convocar a asambleas de trabajadores en las empresas, lo que esconde la idea de desarticular potenciales convocatorias a medidas de fuerza.
