Redacción de La Pluma Viral.
La contradicción que indigna: menos recursos en las arcas públicas, pero millones de pesos para organizaciones sociales.
Mientras el ministro de Economía, Daniel Abad, sale a explicar públicamente que la recaudación tributaria viene en caída y que las cuentas provinciales atraviesan un escenario cada vez más complejo: la billetera del Estado sigue abierta para otorgar subsidios.
Ahora le tocó a la organización social “Esperanza y Fraternidad”, que recibió un subsidio por un monto total de $20.500.000, según consta en el Expediente N.º 798/200-O-2026, instrumentado mediante el Decreto N.º 1.758/14.
¿No hay plata o hay plata para algunos?
La pregunta es inevitable.
Si la recaudación tributaria está cayendo, como reconoció el propio ministro de Economía,
¿Cuál es el criterio que utiliza el Gobierno para seguir destinando millones de pesos a organizaciones sociales?
Porque para el ciudadano común el mensaje parece ser otro: ajuste, restricciones y preocupación por las cuentas públicas. Pero cuando se trata de determinados sectores y organizaciones, aparecen rápidamente los decretos, los expedientes y las órdenes de pago.
$20,5 millones no son una cifra menor.
Son recursos que salen del Estado y que deberían estar respaldados por una explicación clara, pública y verificable sobre su destino, los beneficiarios concretos y los resultados que se esperan obtener.
Este nuevo desembolso vuelve a poner bajo la lupa una práctica que se repite: organizaciones sociales que reciben fondos públicos mientras el Gobierno reclama prudencia fiscal y advierte sobre una menor recaudación.
El problema no es solamente el monto. El verdadero interrogante es qué política pública justifica cada subsidio y qué mecanismos existen para controlar que el dinero llegue efectivamente al objetivo declarado.
En una provincia donde sobran necesidades —salarios que pierden contra la inflación, servicios cada vez más caros, jubilados que hacen malabares y familias que no llegan a fin de mes— cada peso del presupuesto debería ser administrado con máxima transparencia.
El Estado debe explicar
Si hay dinero para entregar $20.500.000, el Gobierno debería explicar con precisión para qué se otorga, qué contraprestación existe y cómo se controlará el uso de esos fondos.
Porque mientras Abad habla de una recaudación que se achica, los decretos parecen demostrar que para algunas cosas la caja todavía encuentra recursos.
¿Tucumán está ajustando porque no hay plata o está eligiendo cuidadosamente para quién hay plata?
Los tucumanos tienen derecho a saberlo.
