Mientras los trabajadores de Canal 10 reclaman por irregularidades salariales, aumentos paritarios y deudas, vuelve a aparecer una pregunta incómoda sobre el manejo de los recursos públicos en Tucumán:
¿Cómo se explica que haya fondos para publicidad oficial mientras quienes sostienen diariamente la pantalla deben reclamar por sus salarios?
El conflicto no es solamente una consigna sindical. El propio SATSAID informó recientemente que realizó una asamblea con trabajadores de Canal 10 por reiterados incumplimientos vinculados al pago de salarios y aumentos acordados en paritarias. El gremio también señaló problemas en las liquidaciones, deterioro de equipamiento y condiciones laborales.
La situación escaló hasta la Dirección Provincial de Trabajo, donde representantes de SATSAID y de Televisora Tucumán SAPEM participaron de una audiencia por las irregularidades salariales denunciadas. Allí se acordó continuar las negociaciones.
El contraste que incomoda
Las imágenes que circulan sintetizan el reclamo de los trabajadores: “Canal 10 explota a sus trabajadores” y “sueldos dignos”, acompañadas por los nombres de dirigentes y referentes sindicales.
La segunda denuncia apunta directamente a la conducción del medio y sostiene que los directores de la UNT, que posee el 70% de Canal 10, “se dejan manejar” por la Provincia, que tendría el 30%.
Ese planteo corresponde al contenido de la pieza sindical y, como tal, debe distinguirse de hechos institucionales que requieren documentación específica para ser acreditados.
Pero existe un dato concreto: el Gobierno provincial mantiene una política de publicidad oficial, y la pauta estatal ha sido objeto de cuestionamientos públicos por sus criterios y destinatarios.
¿Publicidad para afuera, respuestas para adentro?
Por un lado, el Estado provincial dispone de recursos para comunicar, promocionar y difundir las acciones de gobierno. Por el otro, los trabajadores de un medio que tiene participación estatal denuncian que deben recurrir al sindicato y a la autoridad laboral para reclamar por salarios, aumentos paritarios y deudas.
¿Dónde están las prioridades cuando hay dinero para sostener la comunicación oficial, pero los trabajadores que producen contenidos manejan cámaras, operan equipos y mantienen la señal al aire tienen que reclamar por sus derechos salariales?
Además, el contraste adquiere otra dimensión porque el propio gobernador Osvaldo Jaldo ha reivindicado públicamente el rol de los trabajadores de prensa y de los medios de comunicación en el acceso de la sociedad a la información.
La pantalla no se sostiene sola.
Canal 10 no funciona únicamente por sus autoridades, sus directores o sus decisiones políticas. Detrás de cada transmisión hay camarógrafos, técnicos, operadores, periodistas, productores, personal administrativo y trabajadores que hacen posible que la señal salga al aire. Por eso, el conflicto salarial excede una discusión interna.
Si existen recursos públicos para la pauta, la discusión inevitablemente llega a quienes producen esa comunicación. Y mientras desde el Gobierno se habla de trabajo, unidad y acompañamiento a los trabajadores, en Canal 10 el reclamo sindical continúa abierto.
La contradicción queda expuesta: una pantalla que recibe recursos y atención institucional, pero detrás de ella trabajadores que aseguran que sus salarios y derechos todavía esperan respuestas.
