Mientras miles de tucumanos hacen malabares para llegar a fin de mes, la política parece vivir en otra realidad.
En una provincia atravesada por la pobreza, la falta de empleo y una economía que golpea cada vez más fuerte a las familias vuelve a aparecer una pregunta que resulta imposible esquivar:
¿Cuántos asesores necesita realmente un legislador para hacer su trabajo?
El nombre que queda en el centro de la discusión es el del legislador Gerónimo Vargas Aignasse, dirigente con casi tres décadas de la esfera de la política, a quien se le atribuye actualmente una estructura de alrededor de 165 asesores para su tarea parlamentaria.
Y ahí aparece la pregunta que debería responderse con absoluta transparencia:
¿Cómo hacen 165 asesores para ingresar en una oficina de apenas 42 metros cuadrados?
La cuenta no cierra. Y no solamente por una cuestión física.
Porque si efectivamente existen 165 personas vinculadas a la estructura de asesoramiento de un solo legislador, la sociedad tucumana tiene derecho a conocer qué función cumple cada una, cuánto cobra, qué horario tiene, dónde trabaja y cuál es el resultado concreto de semejante estructura.
Porque 165 asesores no son solamente 165 nombres en una planilla.
Son salarios, aportes, recursos públicos y dinero que sale, directa o indirectamente, del bolsillo de los tucumanos.
Mientras tanto, del otro lado del mostrador, hay familias que recortan alimentos, trabajadores que no llegan al día 30, jubilados que cuentan las monedas y jóvenes que buscan desesperadamente una oportunidad laboral.
El contraste es obsceno
Tucumán tiene problemas demasiado urgentes como para que la discusión pública termine girando alrededor de la cantidad de cargos que puede acumular un despacho político.
El ciudadano común no tiene 165 personas detrás para ayudarlo a pagar las cuentas.
No tiene asesores para conseguir trabajo.
No tiene una estructura burocrática para resolver sus problemas.
No tiene un ejército de empleados cuando necesita comprar comida.
Tiene que arreglarse solo.
Y mientras al tucumano se le exige sacrificio, austeridad y paciencia, en determinados sectores de la política pareciera regir una lógica completamente diferente: más cargos, más estructura y más empleados alrededor del poder.
¿Quién controla a los asesores?
La pregunta ya no debería ser solamente cuántos son.
La Legislatura debería explicar públicamente:
– ¿Cuántos asesores tiene efectivamente cada legislador?
– ¿Qué función específica cumple cada uno?
– ¿Cuál es el costo mensual y anual de esa estructura?
– ¿Dónde cumplen sus tareas?
– ¿Cuántos concurren físicamente a las oficinas?
– ¿Existen informes de trabajo?
– ¿Cómo se controla su asistencia y productividad?
Porque si una oficina tiene 42 metros cuadrados y alrededor de 165 asesores, la pregunta deja de ser irónica y se transforma en una cuestión de transparencia y utilización de recursos públicos.
Tucumán no necesita más privilegios: necesita respuestas
La política no puede convertirse en una burbuja aislada de la realidad.
Cuando una familia tucumana debe elegir entre pagar una factura o llenar la heladera, cualquier estructura política sobredimensionada genera indignación.
Y la pregunta es inevitable:
¿Cuánto le cuesta al tucumano mantener semejante aparato de asesores?
Si los números son correctos, que se publiquen.
Si cada asesor cumple una función indispensable, que se explique.
Y si existen personas cobrando del Estado sin una tarea concreta, entonces corresponde que los organismos de control investiguen y que la sociedad conozca la verdad.
Porque la Legislatura no es una agencia de empleos para la política.
Es una institución pública.
Y el dinero que administra no pertenece a los legisladores: pertenece a todos los tucumanos.
Mientras la provincia se empobrece, la política no puede seguir engordando.
La pregunta queda planteada: 165 asesores, 42 metros cuadrados y una sociedad que exige saber dónde termina la función parlamentaria y dónde comienza el privilegio.
