El Ente Regulador de Energía de Tucumán (ERSEPT) atraviesa una profunda crisis institucional. Lo que comenzó como una disputa por la organización administrativa derivó en un enfrentamiento abierto entre el interventor del organismo, Ing. José Ricardo Ascárate, y la subinterventora Administrativa Financiera, Dra. Ingrid Lausberg.
El conflicto quedó expuesto en un intercambio de intimaciones y acusaciones cruzadas que pone en evidencia una fuerte disputa por las competencias dentro del organismo. A la tensión en la cúpula se suma un conflicto laboral: los trabajadores denunciaron hostigamiento, atropellos y falta de respuestas a distintos reclamos y concretaron un paro de actividades.
La disputa tomó estado formal el 22 de julio de 2026, cuando Lausberg —designada en abril mediante el DNU N° 2/3— envió una dura intimación a Ascarate. En el documento, la subinterventora cuestionó el funcionamiento de la intervención y denunció «incompetencia, usurpadora delegación de funciones» y la presunta instrumentación de «figuras paralelas» para eludir controles en materia administrativa y patrimonial.
Uno de los aspectos más delicados de la presentación de Lausberg se refiere a lo que calificó como «antecedentes de violencia y hostigamiento institucional».
La funcionaria cuestionó la imposición de plazos que considera intempestivos y denunció presiones sobre personal del organismo.
Además, afirmó que estas situaciones ya derivaron en una denuncia penal por amenazas contra la gerente Administrativa. Ante este escenario, exigió el cese de las directivas que, según su planteo, prescindan de su intervención y advirtió que podría elevar las actuaciones a la Justicia Penal, la Fiscalía de Estado y el Poder Ejecutivo provincial.
Ascarate rechazó el planteo y respondió con otra acusación
Lejos de acercar posiciones, la respuesta de Ascarate profundizó el enfrentamiento. El interventor rechazó la pretensión de Lausberg de intervenir en el control y aprobación de la totalidad de las actuaciones administrativas y calificó ese mecanismo como «jurídica y administrativamente improcedente».
Ascarate fundamentó su posición en la Ley Provincial N° 8479 y sostuvo que las facultades de dirección, organización y conducción del organismo corresponden a la intervención. Según su interpretación, el DNU que designó a Lausberg no modifica ni deroga sus competencias legales ni habilita un sistema de control previo generalizado.
El interventor también responsabilizó a la subinterventora por las demoras administrativas que, según afirmó, atraviesa el organismo.
En su respuesta, sostuvo que la retención de expedientes fuera del circuito institucional provocó demoras y citó como ejemplo la presentación de 16 pedidos de «pronto despacho» ante la Gerencia de Administración el 13 de junio de 2026, situación que calificó como evidencia de un «evidente desorden institucional».
De esta manera, las dos máximas autoridades del organismo terminaron responsabilizándose mutuamente por las dificultades en el funcionamiento administrativo del ERSEPT.
El conflicto llegó a los trabajadores
La disputa en la conducción también repercutió sobre el personal del organismo. La Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Energía de Tucumán (ATERET) notificó a la Secretaría de Trabajo el inicio de medidas de acción directa y concretó un paro de actividades el viernes 24 de julio en la sede central del ERSEPT, ubicada en calle Córdoba 560.
En su presentación, el sindicato denunció un «constante atropello y hostigamiento a compañeros por parte de algunos funcionarios» y cuestionó la falta de respuestas a distintos reclamos laborales.
Entre los planteos aparecen denuncias por presunta discriminación en el otorgamiento de adicionales, falta de renovación de contratos y demoras en el pago del beneficio de luto a los familiares de un trabajador fallecido.
ATERET sostuvo además que estas situaciones ya fueron denunciadas ante la Intervención, el Tribunal de Cuentas y la Justicia, y declaró al sector en estado de alerta y movilización.
Una disputa que ya excede a la cúpula
Con acusaciones cruzadas por el manejo administrativo, denuncias sobre presunto hostigamiento, reclamos laborales y un paro ya concretado, el conflicto en el ERSEPT dejó de ser una disputa interna entre funcionarios.
La pelea por las competencias dentro de la conducción del organismo ahora convive con un escenario de tensión sindical y cuestionamientos sobre el funcionamiento administrativo. La intervención del Poder Ejecutivo provincial aparece así como una eventual vía para intentar ordenar una situación que, por ahora, mantiene enfrentadas a las principales autoridades del ente regulador.
