Por redacción central La Pluma Viral
La política metió las manos en la sartén judicial. No hay concurso transparente que aguante cuando los padrinos y madrinas políticos deciden cambiar la ley por un favor de escritorio.
Abran los ojos, señores. Lo que pasa en Tucumán no es una sorpresa: es una quirúrgica operación de cirugía mayor para copar los tribunales federales, disfrazada de institucionalidad.
Ya eligieron a Pablo Roberto Toledo. Sí, lo pusieron ahí, arriba de la mesa, como si se tratara de un botín de guerra.
¿Y quién es el flamante ungido?
No estamos hablando de un jurista brillante de trayectoria intachable, de esos que se rompen el lomo litigando en el barro de los tribunales. No.
Toledo es un relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Un burócrata de pasillo, un empleado acostumbrado al frío rigor de recibir órdenes, moldeado en el arte de la obediencia debida, sin independencia de criterio conocida.
La mesa chica de los parientes y los cargos.
Pero la trama familiar y política no tiene desperdicio. Este señor Toledo está íntimamente ligado a la familia Alfaro, a los fieles alfiles del ex intendente que hoy bailan al ritmo del jaldismo gobernante.
¡Familiar de José Roberto Toledo, miembro del directorio de YMAD, mina saqueada, representando a la Universidad Nacional de Tucumán, al día de la fecha acéfala!
Y para muestra basta un botón (o un parentesco): está vinculado familiarmente con José Roberto Toledo, un abogado flojo de papeles que hoy forma parte del directorio de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) en representación de la tristemente célebre y hoy acéfala Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Una caja tras otra, un acomodo sobre otro. Sabido es que los juicios de la UNT en algún momento deberán pasar por manos de este hombre de “confianza”.
Las manos que mecen la cuna
¿Y quiénes operaron este descalabro en las sombras?
Del otro lado del mostrador aparecen la senadora Beatriz Ávila y la diputada Sandra Mendoza, en una demostración absoluta de desconocimiento técnico de las leyes y un desprecio total por la República. Con total irresponsabilidad, se convirtieron en las operadoras principales de una jugada que va mucho más allá de un simple nombramiento.
Aquí están las “operadoras”, nulas en conocimiento de pasillos de tribunales, pero millonarias, Gladys Medina y Beatriz Ávila.
Porque aquí está el verdadero fondo de la olla: con esta designación, ¿quién gana? Consciente o inconscientemente, operan para colar la joya de la corona del mismísimo Daniel Leiva (presidente de la Corte Suprema provincial).
Leiva no da puntada sin hilo. Con la llegada de este burócrata obediente, coloca un eslabón clave, perfecto y aceitado en la cadena de mando con la que pretende blindar y construir su propio imperio en el Poder Judicial de Tucumán.
Pasen y vean, señores. Así se lotea la Justicia.
