Redacción del Diario La Pluma Viral.
Mientras cientos de pequeños y medianos comerciantes luchan diariamente para mantener abiertas sus puertas, el patrocinio del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) a un evento como Mundo Anime vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inevitable:
¿Cuáles son las verdaderas prioridades del Estado provincial?
En una provincia donde empresarios denuncian una elevada presión fiscal, una sostenida caída del consumo y la falta de infraestructura para impulsar la producción, la decisión de destinar recursos públicos a este tipo de iniciativas despierta fuertes cuestionamientos.
Las pymes tucumanas enfrentan uno de los momentos más difíciles de los últimos años.
Comercios que bajan sus persianas, emprendimientos que no logran sostenerse y productores que reclaman mejores caminos rurales para transportar su producción conforman una realidad que contrasta con el financiamiento de eventos de entretenimiento.
El interrogante es inevitable: ¿Era esta la mejor utilización de los recursos públicos? ¿No deberían concentrarse los esfuerzos en generar condiciones para preservar el empleo privado, facilitar el acceso al financiamiento y fortalecer la infraestructura productiva?
Quienes defienden este tipo de auspicios sostienen que los eventos culturales y de entretenimiento generan movimiento económico y turismo. Sin embargo, para numerosos sectores productivos esa explicación resulta insuficiente cuando la economía provincial atraviesa una situación compleja y muchas empresas luchan por sobrevivir.
En ese contexto también aparecen cuestionamientos hacia el presidente del IDEP, Juan Casañas.
Diversos sectores esperan que el organismo concentre sus esfuerzos en atraer inversiones privadas, promover la radicación de nuevas industrias, mejorar la competitividad de las empresas tucumanas e impulsar soluciones concretas para la producción, antes que destinar recursos a actividades cuya rentabilidad económica para la provincia genera debate.
Los reclamos del sector productivo se repiten desde hace tiempo: menor presión impositiva, caminos rurales en condiciones, reglas claras para invertir y políticas que incentiven la creación de empleo genuino. Son demandas que, según empresarios y comerciantes, continúan sin encontrar respuestas suficientes.
La discusión de fondo no gira únicamente alrededor de un evento.
El verdadero debate es qué modelo de desarrollo pretende impulsar Tucumán y cuáles son las prioridades del Estado cuando miles de familias hacen cuentas para llegar a fin de mes y numerosas pymes continúan cerrando sus puertas.
En una provincia donde el empleo privado necesita estímulos urgentes, cada peso del presupuesto público queda bajo la lupa. Y es la sociedad la que tiene derecho a preguntar si las decisiones oficiales están orientadas a resolver los problemas estructurales de la producción o responden a prioridades que poco contribuyen a reactivar la economía tucumana.
