El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la medida cautelar en favor de la Ley de Financiamiento Universitario desató una ola de festejos y un fuerte posicionamiento político puertas adentro de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las autoridades de la casa de altos estudios más importante del país capitalizaron el dictamen de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como un triunfo colectivo y un límite legal definitivo al avance del Poder Ejecutivo sobre el presupuesto educativo.
La primera reacción de peso político la encabezó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien utilizó sus redes sociales para enviar un enérgico mensaje a la comunidad y a la Casa Rosada: “Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”.
Un cerrojo legal contra el veto: el reclamo de los gremios porteños
Desde la perspectiva técnica y legal de la UBA, la desestimación de los recursos del Estado contra el decreto 759/2025 representa un precedente fundamental. Al resguardar la vigencia de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, la Justicia determinó que el Ministerio de Capital Humano no puede recortar de forma arbitraria la actualización salarial ni los fondos destinados al sostén de los estudiantes.
En sintonía con las autoridades universitarias, Emiliano Cagnaci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), remarcó el fuerte impacto institucional que genera esta resolución:
“El Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no. Tiene que actualizar los salarios. Lo que hizo la Corte fue darle un mensaje al Poder Ejecutivo y darle la razón a la cautelar”, puntualizó el dirigente gremial en declaraciones a Infobae. Según el sindicato, el fallo judicial obliga a sentar las bases para subsanar de forma retroactiva el atraso de las remuneraciones frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
La realidad del bolsillo docente: ¿Cuánto se cobra hoy en la UBA?
Si bien las autoridades de la UBA aclararon que el fallo de la Corte no modifica el esquema económico de los sueldos vigentes de este mes —puesto que ya se encontraban contenidos en la última paritaria sectorial—, la resolución le da sustento legal a los reclamos por el desfasaje acumulado.
De acuerdo con las actas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional firmadas este mes de junio, la grilla salarial bruta (sin descuentos) de los docentes que dictan clases e investigan en las distintas facultades de la UBA se compone de las siguientes escalas testigo:
Dedicación Exclusiva: $1.497.941,97. Esta categoría, asociada a la investigación científica de alta dedicación y jefaturas de cátedra, representa apenas a una minoría cercana al 10% del cuerpo docente total de la institución.
Dedicación Semi Exclusiva: $748.970,98.
Dedicación Simple: $374.485,49. Esta es la modalidad contractual predominante en el ecosistema de la UBA, concentrando a cerca del 70% de los profesionales y auxiliares que están frente a las aulas superiores.
Septiembre, el próximo frente de batalla
El acuerdo paritario actual contempló un incremento global de la masa salarial del 24,33% (absorbiendo la inflación y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024), una suba del 20% en gastos de funcionamiento, una inyección de $50.000.000.000 para el sostenimiento de los hospitales universitarios (como el de Clínicas) y una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Sin embargo, tras el contundente respaldo que la Corte Suprema le dio al espíritu de la ley sancionada por el Congreso, el rectorado de la UBA y las agrupaciones gremiales ya preparan su estrategia para la reanudación de las negociaciones paritarias, pautadas bajo un cuarto intermedio formal hasta el 15 de septiembre. Con el aval del máximo tribunal del país bajo el brazo, la UBA exigirá una recomposición estructural total de los fondos licuados durante los períodos de 2024 y 2025.
