¿Alguna vez se preguntaron cómo se hace para borrar de un plumazo la independencia de un poder del Estado sin que nadie pegue un grito? Bueno, en Tucumán ya tienen el manual, y está bien cargadito de cinismo. Lo llaman «modernización», pero en realidad sería el fin de la división de poderes y la consolidación de un sistema que se haría a la medida de un solo hombre.
El protagonista de esta obra ya tiene nombre y apellido: Daniel Leiva. Presidente de la Corte Suprema tucumana, no es un improvisado, es un estratega.
Recordemos que este señor llegó al máximo tribunal en 2019 bajo el ala de Juan Manzur, en un proceso escandaloso donde tuvo que soportar que le reprocharan su promedio de egreso de la facultad de abogacía con promedio aplazo (3,85) además de los famosos «21 aplazos» (incluyendo nota cero) y críticas feroces por su falta de idoneidad técnica y su perfil puramente político. ¿Adivinen qué? Los 21 aplazos no le impidieron sentarse en el sillón de la Corte; al contrario, le sirvieron de escalón.
El 22 de abril de 2026 en Tucumán, Daniel Leiva recibió a Ricardo Lorenzetti. El segundo debe juzgar al primero. No disimulan ser amigos.
Hoy, Leiva sería el vértice de una estructura que él mismo pretende consolidar: una Justicia donde los jueces serian meras figuras decorativas y el guion, señores, se escribiría en su despacho.
El «Plan Maestro». ¿Cajas, control y afuera los mediadores?
La estrategia es tan audaz como peligrosa. Se va diseñado un sistema donde el Poder Judicial funciona como una unidad centralizada, dejando a los jueces pintados al óleo. Pero lo más grave es el ataque directo a la mediación:
Se quieren cargar el Registro de Mediadores. ¿Para qué? Simple: eliminar un sistema transparente y poder designar a dedo a los amigos, a los que responden al poder de turno.
Existiendo una deliciosa Caja millonaria de por medio que hoy sirve para pagar los costos de la mediación.
Mientras venden un discurso de «eficiencia» y «modernización», se pretende aplicar un ajuste real contra los mediadores independientes. Se los trata con la misma indiferencia con la que el sistema margina a los jubilados, ignorando que su labor es un pilar clave en la desjudicialización: fomentan la paz social y reducen drásticamente el ingreso de causas a los tribunales. Pero ¿qué importa eso?
El sistema solo andaria buscando nuevas formas de recortar, dejando a los ciudadanos indefensos y erosionando sus derechos fundamentales.
El cuestionado Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), presidido por Daniel Posse, dispone de una cuantiosa caja y recursos que han crecido sostenidamente desde su creación. Sin embargo, ante la implementación de la ‘licuadora’ de competencias —que incluye la creación de los multifueros, las OGAS, la desaparición del Juez, el surgimiento de los Directores elegidos sin concursos y la eliminación de la mediación obligatoria—, la existencia de este organismo carece de justificación.
Lo mismo sucede con el actual Palacio de Tribunales, cuya utilidad se ve puesta en tela de juicio bajo este nuevo paradigma y hasta podría cerrarse con la implementación Home Office –trabajo domicliario-.
A su tiempo el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) de ha desnaturalizado, hoy es como si fuera una escribanía. El órgano que debería ser el filtro de la excelencia técnica, hoy es una caja de dinero y ¿Para qué concursar si al final todo se decide en la oficina del segundo piso de tribunales?
Finalmente el pasado 18 de junio de 2026, la Legislatura mas cara del país, terminó de cocinar el guiso. Con una rapidez pasmosa y sin debate, se cargaron la Ley Orgánica del Poder Judicial y el sistema de gestión por audiencias.
El argumento del oficialismo: «modernizar».
La realidad, que se respira en los pasillos de tribunales: concentración absoluta de poder. Tambien huele a inminentes juicios para frenar la gravedad institucional de las reformas.
En Tucumán, el decoro judicial no solo se perdió; lo archivaron en la caja fuerte de quien, hoy por hoy, decide qué es justicia y qué no.
¿Estamos ante el fin de la independencia judicial o es solo el comienzo de la «era Leiva»?
Lo que es seguro es que, mientras los mediadores estorban y el CAM funciona como un sello de goma, en Tucumán, la balanza de la justicia ya tiene un peso único: el del Poder Ejecutivo y un hombre en la Corte.
Tarde o temprano las causas llegaran a Buenos Aires y al paso que vamos, “todos” pasearan por los pasillos de los tribunales … de Comodoro Py.
