En la Legislatura de Tucumán, el guion parece escrito por el mismo autor de siempre: una puesta en escena donde el decorado, esta vez, incluyó a los abogados. Nos vendieron que las reformas judiciales y educativas aprobadas hoy son el fruto de un «diálogo democrático». Pero no se engañen: lo que vimos no fue un debate, fue un maquillaje institucional.
Utilizar al Colegio de Abogados para validar este paquete de reformas es, en el mejor de los casos, una ingenuidad, y en el peor, una maniobra de una desfachatez absoluta. ¿Desde cuándo el órgano que debería ser el guardián de la Constitución se presta para certificar leyes que, a todas luces, huelen a inconstitucionalidad desde la primera línea?
El Colegio de Abogados de Tucumán transita una de las gestiones más opacas de su historia bajo la presidencia del mediador Alberto López Domínguez. Su conducción, marcada por un evidente conflicto de intereses y una agenda alineada con el poder de turno, deshonra la máxima grabada en su fachada: ‘La abogacía es una función social al servicio del Derecho y de la Justicia’ (Art. 1º, Ley 5.233).
Lo aprobado hoy no es un trámite administrativo más. Estamos ante un hecho de gravedad institucional. Cuando el poder político diseña sus propias reglas de juego para blindarse o avanzar sobre otras esferas, la democracia se empieza a asfixiar. Lo que ocurrió hoy en la Legislatura no es progreso; es el intento de instaurar una nueva arquitectura jurídica a medida, donde la división de poderes quedaría reducida a una formalidad pintada de colores.
Tratando:
Cambio en la competencia de los órganos judiciales: La reforma propone abandonar el modelo actual donde cada juzgado o cámara tiene una única materia asignada. El objetivo es permitir que un mismo órgano pueda ejercer competencia en más de un fuero (multifuero), según las necesidades operativas de cada Centro Judicial. En el Centro Judicial Capital se plantea la fusión de cámaras, mientras que en Concepción y Monteros se contempla una reducción y concentración de estructuras. Se otorgarían facultades a la Corte Suprema de Justicia provincial para reglamentar la puesta en marcha de esta nueva estructura operativa.
Esta iniciativa ha sido impulsada por los legisladores millonarios Mario Leito, Walter Berarducci, Carolina Vargas Aignasse y Rodolfo Ocaranza, con el aval del bloque justicialista. Expertos en derecho constitucional advierten que estos cambios podrían atentar contra la especialización técnica que deben poseer los magistrados y, consecuentemente, afectar la calidad del servicio de justicia.
La gestión de La Burra Mansilla y Miguel Acevedo al frente de la Legislatura más costosa del país —con un presupuesto de 300 millones— confirma su rol como brazos ejecutores del gobierno de turno. Lo aprobado hoy en materia de reformas judiciales no es solo un retroceso; es un cheque en blanco que institucionaliza la opacidad, compromete la independencia del Poder Judicial y vulnera gravemente los derechos de los ciudadanos, contraviniendo además diversos tratados internacionales.
La estrategia es clara, si los abogados están sentados en la mesa, entonces «está todo bien». Es el viejo truco del consenso forzado. Pero los tucumanos no somos estúpidos.
El legislador que promueve una ley de censura previa Gerónimo Vargas Aignasse, cobra aproximadamente 300 millones de pesos y defiende proyectos de ley indefendibles.
La legitimidad no se construye con fotos protocolares ni con dictámenes exprés redactados entre gallos y medianoche; se construye con el respeto irrestricto a la Carta Magna, algo que pareceria haber quedado fuera de la agenda legislativa.
El camino es judicial, aunque ajeno a las cortes locales que son beneficiarias de las graves reformas introducidas. Como reza el proverbio popular, ‘Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires’.
Esto no termina acá. Ante la embestida de una mayoría de legisladores que cree que el número de votos es suficiente para avasallar el ordenamiento jurídico, solo queda una salida: la judicialización.
Los abogados que aún creen en el derecho y no en los favores de turno ya están preparando los recursos. La Justicia tendrá ahora la papa caliente: decidir si Tucumán todavía vive bajo un Estado de Derecho.
¿Nos habremos convertido en una monarquía legislativa donde la ley se redacta según la conveniencia del momento?.
La legislatura más costosa de la Argentina, cuyo mantenimiento promedia los 300 millones de pesos por banca, vuelve a ser noticia: se ha convocado para aprobar normativas que ignoran flagrantemente nuestras convenciones internacionales.
Lo que hoy se votó tiene fecha de vencimiento. Porque la inconstitucionalidad es una enfermedad que, tarde o temprano, se manifiesta en los tribunales.
Señores legisladores, pueden celebrar el brindis de hoy, pero recuerden: la historia no se escribe con mayorías circunstanciales, sino con instituciones que sobreviven a sus operadores. Y lo de hoy, francamente, fue una vergüenza.
Link de la sesión legislativa:
https://www.youtube.com/watch?v=O_Pmds56gnE
