El drama del acoso escolar en los establecimientos privados de la capital derivó en una grave presentación penal que expone la falta de reacción de las autoridades educativas. La creadora de contenidos Camila Holmquist denunció ante la Justicia el sistemático bullying que padeció su hija de 12 años en el Colegio Santo Domingo de Tucumán.
La madre había inscrito a la menor en esa institución para obtener un mejor acompañamiento pedagógico debido a que la niña tiene dislexia. Sin embargo, el ingreso al colegio se transformó en un calvario que incluyó una amenaza inicial de tiroteo por parte de un alumno, quien le advirtió a la víctima que ella sería la primera afectada.
La situación empeoró de forma drástica luego de que las autoridades escolares organizaran una reunión con los tutores para abordar los primeros chispazos informados por Holmquist. Un grupo de alumnas promovió un aislamiento total contra la menor, acompañando el vacío social con agresiones verbales constantes relacionadas a su aspecto físico y a su condición familiar. El hostigamiento saltó de las aulas a los teléfonos celulares el pasado 29 de mayo, cuando compañeras de curso invadieron una transmisión en vivo de la víctima con amenazas explícitas. Posteriormente, una madre del entorno escolar creó perfiles falsos en redes para difundir fotos de la niña junto a mensajes ofensivos y burlas sobre su dislexia.
La respuesta de los directivos del establecimiento frente al avance del ciberacoso profundizó el malestar y aceleró el conflicto institucional.
La directora de la secundaria se negó inicialmente a asentar el reclamo en un acta escolar y sometió a la alumna a una polémica exposición pública.
La autoridad convocó a la menor a relatar lo sucedido y le realizó preguntas frente a la totalidad de sus compañeros de curso en el aula. Ante esta evidente revictimización, Holmquist retiró inmediatamente a su hija del edificio y solicitó el pase a otra institución, un trámite que los administrativos del colegio intentaron trabar en primera instancia.
El caso quedó formalmente bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Tucumán tras una denuncia penal redactada por el abogado Carlos Garmendia. La presentación judicial señala de forma directa las responsabilidades del Colegio Santo Domingo de Tucumán, de las alumnas agresoras y de la madre que orquestó las cuentas falsas de escrache.
Paralelamente, los equipos técnicos del Ministerio de Educación de la provincia intervinieron en el conflicto familiar para destrabar la situación escolar. El organismo estatal ofreció vacantes en diferentes escuelas de la capital para garantizar la continuidad del ciclo lectivo de la estudiante.
