En la puesta en escena de la política tucumana, hay movimientos que exceden la lógica de la administración pública y entran directamente en el terreno de la devoción. El aval que brindo a Jaldo su “escribanía” llamada Legislatura en relacion al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que corona a la abogada Ingrid Lausberg como subinterventora del ERSEPT (Ente Único de Control de Servicios Públicos de Tucumán) no es solo un polémico «conchavo político», como bien denunció la oposición; es la “consumación” de un capricho gubernamental que huele más a romance idílico con el poder que a verdadera emergencia estatal.
En los pasillos de la Casa de Gobierno se murmura lo que en el recinto legislativo se disfraza de «atribución constitucional»: que Lausberg se ha convertido en una suerte de «primera dama del deseo político» de la gestión jaldista, una figura cuya influencia parece obnubilar el juicio del mandatario provincial.
La trayectoria reciente de Lausberg en el ámbito público profundiza las sospechas de un trato preferencial que excede lo meritocrático. De ocupar un rol clave en el directorio de Canal 10 —donde las reuniones con el Gobernador solían matizarse bajo la excusa de la agenda comunicacional—, salta ahora sin escalas técnicas a controlar las finanzas y la administración del ente regulador de servicios.
La oposición ha calificar la maniobra como una comedia de enredos en tres actos: primero se interviene el ente, luego se pone al radical José Ricardo Ascárate al frente, y finalmente se emite un DNU para ponerle un gendarme de confianza absoluta al lado.
La gente no puede pagar la luz.
Pero el verdadero trasfondo de la trama es aún más punzante. Colocar a una profesional del derecho a manejar la botonera puramente administrativa y financiera de un organismo técnico encendió las alarmas de quienes criticaron que los entes autárquicos sigan funcionando como aguantaderos de favores personales.
La justificación oficialista, en boca de defensores como el legislador, ahora ultra jaldista, banca de oro, censor y chef, Gerónimo Vargas Aignasse, rozó el absurdo al calificar de «generosidad» el hecho de que Jaldo enviara el DNU para su ratificación en lugar de imponerlo por decreto simple. Una curiosa definición de generosidad republicana: aplaudir que el Ejecutivo pida permiso para institucionalizar sus debilidades políticas.
Mientras los usuarios tucumanos lidian con expedientes encajonados, nula atención al cliente y tarifas que asfixian el bolsillo, la prioridad del Palacio de Gobierno parece ser el blindaje y la promoción de su funcionaria predilecta.
Al «intervenir la intervención», Jaldo no solo desnudó la desconfianza hacia sus propios aliados de coyuntura, sino que dejó en claro que cuando se trata de complacer las exigencias de su círculo íntimo, las formas institucionales y las verdaderas urgencias de la provincia pasan a un cómodo segundo plano.
La intendenta Graneros de visita en el ERSEP. Estará pidiendo “rebajita” en las boleta de la luz de su mansión del Country?
Tucumán asiste, una vez más, a un gobierno donde el deseo personal de quien gobierna pesa bastante más que las necesidades del pueblo.
