La arquitectura institucional de Tucumán revela un punto neurálgico que merece ser analizado sin ingenuidad: los jueces provinciales no llegan a sus cargos por una decisión puramente técnica, aislada del poder político, sino mediante un circuito donde intervienen el Consejo Asesor de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la Legislatura. Ese esquema, previsto formalmente por la Constitución provincial, puede ser legítimo en su diseño normativo, pero altamente peligroso en su funcionamiento real si se transforma en una maquinaria de validación política de magistrados dóciles, silenciosos o funcionales al poder.
La Constitución de Tucumán establece que el Gobernador tiene la atribución de nombrar, con acuerdo de la Legislatura, a jueces de la Corte Suprema, cámaras, jueces de primera instancia, fiscales, defensores y otros funcionarios judiciales. Para jueces de primera instancia, cámaras, defensores y fiscales, se prevé la intervención del Consejo Asesor de la Magistratura, cuyo dictamen es vinculante y cuyos criterios deben incluir concursos de antecedentes y oposición, entrevistas, opiniones ciudadanas e instancia de impugnación.
En términos constitucionales, el procedimiento tiene tres etapas centrales: selección técnica, decisión política del Poder Ejecutivo y acuerdo legislativo. El problema no está necesariamente en que intervengan otros poderes. En una república, los poderes dialogan.
El problema aparece cuando ese diálogo institucional se degrada en dependencia, cuando el acuerdo se convierte en obediencia y cuando el juez comprende, antes de asumir, que su destino profesional dependerá de los mismos actores políticos que luego podrían ser investigados por corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso de poder o manejo irregular de fondos públicos.
La Constitución también dispone que los jueces y funcionarios judiciales permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta, y que su remuneración no puede ser disminuida mientras permanezcan en funciones. Estas garantías buscan proteger la independencia judicial frente a presiones externas.
Pero la independencia judicial no se agota en la estabilidad formal ni en el sueldo.
Un juez puede tener estabilidad en el papel y, al mismo tiempo, vivir condicionado por la red política que lo promovió, lo respaldó, lo entrevistó, lo aprobó o podría impulsarle un juicio político.
Allí aparece el punto más delicado: la Legislatura no sólo presta acuerdo para designaciones judiciales; también tiene un rol decisivo en el enjuiciamiento político de altas autoridades. La Constitución provincial asigna a la Legislatura el enjuiciamiento político del gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo, miembros de la Corte Suprema, ministro fiscal, miembros del Tribunal de Cuentas y defensor del pueblo, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes del cargo.
Esto configura una tensión institucional evidente.
El Poder Legislativo participa en el nacimiento institucional de ciertos funcionarios judiciales y, respecto de los cargos constitucionalmente sometidos a juicio político, también puede intervenir en su caída. En una provincia con fuerte concentración de poder político, esa doble llave —designar y remover— puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento silencioso.
El Reglamento Interno de la Legislatura confirma que los acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo para cargos sujetos a acuerdo deben ingresar en sesión pública y ser tratados por la comisión correspondiente. En el caso de magistrados y funcionarios judiciales, recibidos los pliegos, el presidente del cuerpo debe darlos a conocer por la prensa y el Boletín Oficial; los ciudadanos pueden formular opiniones; la Comisión de Peticiones y Acuerdos tiene amplias facultades de averiguación; y luego eleva dictamen para su tratamiento.
Sin embargo, el mismo Reglamento contiene una disposición institucionalmente muy cuestionable: los dictámenes de la Comisión de Peticiones y Acuerdos se consideran individualmente y en sesión pública, pero luego de la lectura por Secretaría se vota “sin debate” y “sin fundamentación del voto”. Esa regla empobrece la transparencia democrática.
Cuando se designa a un juez, la ciudadanía no sólo tiene derecho a saber quién fue elegido; tiene derecho a saber por qué fue elegido, qué objeciones existieron, qué legisladores defendieron el pliego y cuáles fueron las razones jurídicas, éticas e institucionales para acompañarlo o rechazarlo.
Un juez no es un empleado administrativo más. Un juez puede ordenar allanamientos, detener personas, investigar delitos complejos, controlar al poder, revisar actos estatales y resolver causas que incomodan a intendentes, legisladores, ministros, empresarios cercanos al poder o funcionarios enriquecidos de manera sospechosa. Por eso, elegir jueces sin una deliberación robusta, pública, fundada y exigente abre la puerta a una justicia de baja intensidad: una justicia que funciona para el ciudadano común, pero se vuelve lenta, tímida o muda cuando debe mirar hacia arriba.
También el Reglamento prevé que, antes de tratar los pliegos, la Comisión de Peticiones y Acuerdos requiera informes a la Corte Suprema, Registro Inmobiliario, colegios de abogados, entidades bancarias oficiales, organismos de información, documentación académica y antecedentes sobre eventuales pedidos de juicio político contra el postulante. Además, el postulante debe comparecer personalmente para exponer sobre su sistema de valores, conocimientos jurídicos y convicciones democráticas.
Ese diseño, bien utilizado, podría ser una herramienta republicana formidable.
Mal utilizado, puede ser apenas una escenografía de control.
Porque no alcanza con pedir informes si después no se discuten seriamente. No alcanza con entrevistar si las preguntas son complacientes. No alcanza con publicar nombres si la sociedad no tiene tiempo, canales reales y protección institucional para impugnar. No alcanza con hablar de antecedentes si el verdadero mérito termina siendo la cercanía política, el silencio estratégico o la capacidad de no incomodar a quienes reparten poder.
Desde esta perspectiva, el sistema tucumano puede afectar la independencia judicial no necesariamente por su texto constitucional, sino por su práctica política. La Constitución puede establecer un procedimiento formalmente republicano, pero la cultura institucional puede convertirlo en un mecanismo de captura. La diferencia entre selección institucional y selección política encubierta está en la transparencia, en la publicidad de los criterios, en la fundamentación de los votos, en la trazabilidad del mérito y en la posibilidad real de controlar a quienes eligen.
La consecuencia más grave de un Poder Judicial condicionado no es abstracta.
Se mide en expedientes que no avanzan, en denuncias que duermen, en investigaciones que jamás rozan a los poderosos, en enriquecimientos inexplicables que se naturalizan, en funcionarios que ingresan pobres a la política y egresan millonarios sin que nadie pregunte con seriedad de dónde salió el dinero.
Cuando el juez sabe que su ascenso, su estabilidad simbólica o su tranquilidad institucional dependen del ecosistema político, la independencia deja de ser una garantía y pasa a ser una consigna decorativa.
No puede afirmarse, sin prueba concreta en cada caso, que un determinado juez deje de investigar por haber sido designado mediante este mecanismo. Pero sí puede sostenerse, con rigor institucional, que un sistema donde la política concentra influencia sobre la selección y el control de magistrados genera incentivos peligrosos. Y los incentivos importan. Las instituciones no sólo se corrompen por sobornos; también se corrompen por dependencia, gratitud, miedo, cálculo de carrera y silencios convenientes.
El verdadero problema no es que la Legislatura participe.
El problema es que participe sin suficiente transparencia, sin debate sustantivo, sin fundamentación pública del voto y en un contexto donde los bloques políticos pueden responder más a jefaturas partidarias que a criterios republicanos. Cuando eso ocurre, el acuerdo legislativo deja de ser un control democrático y se transforma en una escribanía de poder.
La independencia judicial exige mucho más que jueces técnicamente preparados.
Exige jueces con carácter, con coraje institucional, con capacidad de soportar presiones, con vocación de investigar al poderoso y no sólo al débil. Un juez que le teme al poder político no es un juez independiente: es un administrador del miedo con toga.
Por ello, resulta imprescindible reformular el sistema de acuerdos y control legislativo con estándares superiores: audiencias públicas reales, publicación completa de antecedentes, impugnaciones ciudadanas efectivas, transmisión pública de entrevistas, preguntas técnicas obligatorias, debate legislativo fundado, voto nominal motivado y criterios objetivos de evaluación. La designación de jueces debe dejar de parecer una ceremonia reservada para iniciados y convertirse en un acto republicano de máxima exposición pública.
La provincia de Tucumán necesita una justicia que no nazca arrodillada ante la política.
Una justicia que no mire el apellido del denunciado antes de abrir una investigación. Una justicia que no mida la fuerza de una causa por el peso del acusado. Una justicia que entienda que la corrupción pública no es un accidente administrativo, sino una forma sofisticada de saqueo social.
En conclusión, el sistema constitucional tucumano permite una intervención política relevante en la designación de jueces. Esa intervención puede ser compatible con la división de poderes si funciona con transparencia, mérito, publicidad, control ciudadano y fundamentación.
Pero puede convertirse en una amenaza directa a la independencia judicial si opera como un pacto de reparto, protección y disciplinamiento. La pregunta central no es sólo quiénes son los candidatos a jueces.
La pregunta profunda es quiénes los eligen, bajo qué compromisos, con qué controles y para servir a qué intereses.
