Mientras el relato oficial del gobernador Osvaldo Jaldo se apresura a clausurar el debate alegando que los desmanes fueron una «reacción» al bloqueo del ingreso de estupefacientes, la realidad extramuros proyecta sombras demasiado densas como para ser disipadas con discursos de mano dura.
La primera gran contradicción habita en los números. La versión oficial afirma detalladamente que en el predio se alojan apenas diez menores. Sin embargo, fuentes alternativas y voces de pasillo sugieren una cifra real aún menor, que tal vez no sumaria los dedos de una mano los internos. ¿Por qué el Estado infla o distorsiona la estadística de ocupación? ¿Es acaso para justificar la monumental estructura de cemento o para disimular un descomunal despliegue de control sobre un puñado de adolescentes?
Anunciar con bombos y platillos capacidades de gestión basadas en ampliar plazas de encierro no es un logro; es la firma explícita del fracaso de las políticas de prevención social.
Zonas oscuras: ¿Ayuda interna, una caída o una ejecución? El desarrollo del motín destila interrogantes alarmantes que la justicia ordinaria parece no querer mirar. Para que un puñado tan reducido de menores logre tomar un pabellón completo, el área de enfermería y retener al personal, la hipótesis de una «ayuda interna» o de zonas liberadas por negligencia y complicidad institucional cobra una fuerza ensordecedora.
Pero el punto más álgido e incendiario de la jornada se dio en los techos. La narrativa policial instaló con presteza que la caída de un efectivo desde la altura fue un trágico accidente de la dinámica represiva.
No obstante, el secretismo que rodea al operativo y la falta de peritajes independientes abren una sospecha letal: ¿Fue realmente un tropiezo o estamos ante una ejecución encubierta en medio del caos, un ajuste interno o una respuesta desproporcionada que el poder político necesita camuflar con urgencia?
La estética del horror: Cura Brochero se erige como un gueto de la Segunda Guerra Mundial en pleno siglo XXI
Más allá de las balas y las requisas, lo que verdaderamente estremece del Instituto Cura Brochero es su concepción político-arquitectónica. Al trasladar a los jóvenes a una zona contigua al penal de adultos de Benjamín Paz, confinándolos a condiciones de aislamiento extremo y desierto, el Estado ha creado una suerte de gueto que evoca las páginas más oscuras de la Europa de la Segunda Guerra Mundial.
La estética del lugar —fría, despojada, rodeada de rejas punzantes y muros grises que se recortan en la nada— no busca la reinserción, sino la invisibilización. Es la «muerte civil» antes de la mayoría de edad.
Un dispositivo de segregación explícita donde se despoja al menor de su condición de sujeto de derecho para transformarlo en un «futuro criminal» predeterminado por su origen social.
Santo Cura Brochero. Resulta de una perversidad absoluta que el gobierno intente «santificar» este experimento de tortura y encierro preventivo utilizando el nombre del Cura Gaucho.
Brochero construyó caminos y abrió horizontes para los postergados; usar su memoria para bautizar una jaula de cemento donde los chicos pasan hasta 23 horas al día encerrados es una burla cruel y un ejercicio de anestesia social para que la clase media duerma tranquila.
El motín en Benjamín Paz no fue un hecho aislado provocado por la «inconducta de algunos». Fue el emergente inevitable de un sistema policiaco que prefiere invertir en rejas antes que en escuelas.
Tras los muros de este gueto tucumano, lo que se está ejecutando no es la ley, sino la demolición programada de la dignidad humana de nuestros jóvenes marginados.
