La causa judicial que investiga a las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias ya tiene radicación definitiva. Tras la declaración de incompetencia de la Justicia Federal porteña, el expediente recayó formalmente en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez.
La causa, caratulada bajo el Expediente CFP 5519/2025 (Coirón nº 236948/2025), se inició a mediados de diciembre en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El giro fundamental de la causa se produjo a instancias del dictamen emitido por la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, cuyo titular es el fiscal federal Gerardo Pollicita. Fue en esa dependencia donde se impulsó una rápida investigación patrimonial contra los denunciados. Tras compulsar los registros de la AFIP (actual ARCA) y confirmar que los denunciados tienen domicilio fiscal en la Sede Tucumán, la Fiscalía N° 11 solicitó formalmente la incompetencia territorial de los tribunales de Comodoro Py, argumentando que el eventual perjuicio al erario público se habría consumado en la provincia norteña.
El Juzgado N° 5 hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y ordenó la remisión inmediata de las actuaciones a la jurisdicción tucumana para continuar la investigación.
Las claves de la denuncia
La investigación penal, originada por una denuncia del periodista Christian Eduardo Sanz, apunta directamente contra la cúpula del organismo de control: el presidente del Tribunal, Miguel Chaiben Terraf; el abogado vocal Sergio Miguel Díaz Ricci y el contador de la entidad, Marcelo Vidal.
La Justicia Federal de Tucumán buscará determinar si los funcionarios incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público (Arts. 248 y 249 del Código Penal) y evasión fiscal agravada (art. 2º Ley Nro. 27.430).
Según la acusación central de la causa CFP 5519/2025, los miembros del Tribunal no habrían tributado el Impuesto a las Ganancias sobre sus remuneraciones durante más de dos décadas. Para eludir esta carga impositiva, se habrían amparado en una polémica normativa interna del propio organismo —el Acuerdo N° 1.171/2017— que establecía que dicho pago afectaría la «intangibilidad» de sus sueldos y su independencia funcional, ignorando las normativas nacionales que los obligan a tributar como funcionarios de cuarta categoría.
