En el marco del pedido de juicio político contra el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaiben Terraf, el titular de Enterate Noticias, Mauricio Formoso, solicitó a la comisión legislativa pertinente el resguardo urgente de un expediente administrativo clave para la investigación. Formoso, quien actúa también en representación de los denunciantes Roque Galiano y Martín Faciano, advirtió sobre el inminente peligro de perder prueba documental fundamental para el caso.
El requerimiento exige la inmediata remisión e intangibilidad del Expediente N° 414/860-M-2026, el cual está directamente vinculado a la ejecución de obras en el establecimiento socioeducativo, “Cura Brochero” del complejo penitenciario de Benjamín Paz. El principal objetivo de la medida es evitar cualquier riesgo de «alteración, extravío, sustitución o desagregación» de los documentos, dado que el expediente aún no habría sido girado a la Comisión y los denunciantes afirman desconocer su paradero exacto o su estado de conservación.
La urgencia del pedido se fundamenta en las crecientes sospechas de que el Tribunal de Cuentas efectuó un «control preventivo tardío».
De acuerdo con nuevos antecedentes a los que habrían accedido los acusadores, existen informes internos que indicarían que el organismo de control intervino y auditó los gastos cuando los trabajos en el complejo penitenciario ya se encontraban físicamente ejecutados, operando como una mera convalidación de hechos consumados.
El escrito presentado también detalla otras presuntas irregularidades que requieren urgente verificación oficial, destacándose la falta de intervención previa del Departamento de Ingeniería Fiscal en la evaluación y diseño técnico de la obra. A esto se sumarían alertas de áreas contables internas que habrían detectado inconsistencias graves, como la ausencia de la retención del Fondo de Reparo y la falta de una póliza de caución en el pago de los certificados de obra.
Ante este escenario, los impulsores del enjuiciamiento advirtieron que la demora administrativa en remitir esta documentación es institucionalmente grave y debilita la investigación. Por ello, exigieron a la Comisión de Juicio Político que ordene medidas inmediatas de conservación del expediente y requiera copias certificadas de todos los dictámenes, paso ineludible para esclarecer la responsabilidad constitucional de quienes debían cuidar los fondos públicos
