Gerónimo Vargas Aignasse sentado en su banca de oro de la legislatura más cara del país, presentó un proyecto para reformar el Código Procesal Penal de Tucumán. La iniciativa propone crear la figura de la «Medida Cautelar Digital Urgentísima», que permitiría a un juez ordenar la eliminación de contenidos en redes sociales o sitios web en un plazo máximo de 6 horas tras la denuncia de una persona que se sienta agraviada.
Imagen de dos muñecos sin vida, intentando manejar la prensa y la libertad. Aunque el legislador Vargas Aignasse, sostiene que es para proteger a ciudadanos comunes del ciberacoso y la difamación, este medio critico viene expresando que esto otorga un poder discrecional a la justicia tucumana (históricamente cercana al poder político) para dar de baja críticas o investigaciones periodísticas de forma inmediata.
A pesar de que el legislador intenta presentar la ley como una iniciativa autónoma para «proteger a las personas», en círculos políticos y mediáticos se vincula este apuro legislativo con una orden directa del Poder Ejecutivo. La sospecha es que el proyecto busca crear un «blindaje judicial» para el gobernador Osvaldo Jaldo y su entorno, especialmente ante el crecimiento de denuncias que se viralizan en redes sociales y que eluden el control de la pauta oficial en medios tradicionales.
Foto de conferencia de prensa. Junto al ministro de Salud Medina Ruiz y ministro de Economía Daniel Abad. Según las propias palabras de Osvaldo jaldo el medio digital La Pluma Viral fue el único medio local (y de los primeros) en difundir la compra de una lujosa propiedad de fin de semana en Tafí del Valle por parte de Osvaldo Jaldo, valuada en aproximadamente 300.000 dólares.
La noticia tomó relevancia nacional (siendo recogida por medios nacionales como diario La Nación) debido a que en Tucumán las declaraciones juradas de los funcionarios no son públicas.
El proyecto de Vargas Aignasse surge justamente como respuesta a este tipo de filtraciones. Si la ley estuviera vigente, el entorno del gobernador podría haber solicitado a un juez amigo la baja inmediata de las publicaciones de La Pluma Viral o cualquier ciudadano que compartiera las fotos del inmueble, alegando «daño al honor» o «información falsa», logrando así que la noticia desapareciera antes de que se hiciera masiva.
Como respuesta directa a esta iniciativa, y según difundió La Pluma Viral, la abogada Myriam Inés Costilla presentó una denuncia por «prevaricato legislativo» contra Vargas Aignasse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación sostiene que el proyecto constituye un quiebre del sistema republicano que violenta la Constitución Nacional, afirmando:
“No estamos ante un defensor de la dignidad, sino ante un censor que busca utilizar el «mazo» del derecho penal para aplastar la crítica legítima”.
La noticia vincula la urgencia de Vargas Aignasse por aprobar esta «ley mordaza» con la necesidad de proteger al gobernador Jaldo de investigaciones sobre su patrimonio, como la difundida por La Pluma Viral, permitiendo que el poder político decida qué se puede publicar y qué debe borrarse de internet en cuestión de horas.
Cuando el «Rey ordena; el subconsciente te traiciona».
La Pluma Viral defendiendo la libertad de prensa.
