El reciente acto en el Teatro Mercedes Sosa, donde juraron diez nuevos defensores oficiales ante la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo y las cúpulas judiciales lideradas por Daniel Leiva y Washington Navarro Dávila, se presenta ante la opinión pública como un hito de «justicia social» y «federalización».
En la foto esta la cúpula del Poder Judicial de Tucumán representando una realidad inquietante: tanto el Ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, accedieron a sus altas magistraturas con antecedentes académicos cuestionables. Con promedios generales que no alcanzan la nota mínima de aprobación (aplazados y con promedio inferior a 4) en sus trayectorias de grado, su designación se percibe como un agravio al mérito profesional. En la tierra de Juan Bautista Alberdi y el fundador de la Universidad Nacional de Tucumán Juan B. Terán, la excelencia académica parece haber sido desplazada por otros criterios, debilitando el estándar ético y técnico que la ciudadanía exige a sus jueces.
Sin embargo, tras la retórica del acompañamiento a los vulnerables, esconde una maniobra de penetración territorial que amenaza con asfixiar el ejercicio libre de la abogacía y convertir a la defensa pública en un apéndice de inteligencia y control del Poder Ejecutivo.
Navarro Dávila, Jaldo y Jiménez. «Justicia Gratuita»: Trampa para un soñador.
La proliferación de defensorías oficiales en el «interior profundo» —áreas donde el Estado provincial ejerce un control casi feudal— no es un gesto de altruismo. Es la institucionalización de una competencia desleal para el abogado de a pie, aquel que ha sostenido su estudio con esfuerzo y que hoy ve cómo el Estado, con recursos ilimitados (y sospechosos criterios de idoneidad en sus mandos altos), acapara el mercado jurídico bajo la bandera de la gratuidad, sin que el gremio de los abogados emita un chistido, complacientes con los poderosos.
La gestión de Alberto López Domínguez responsable del Colegio de Abogados de Tucumán, pasará a la historia por su ineficacia y su preocupante alineación con los poderes de turno. La vulneración de derechos profesionales, el avance sobre el juez natural mediante las OGAS y la indiferencia ante el hostigamiento a abogados litigantes demuestran que el Colegio ha abandonado su rol gremial. Hoy, el profesional tucumano se encuentra asfixiado por acordadas judiciales y desamparado por una conducción que no está a la altura de las circunstancias.
Este modelo no busca la tutela judicial efectiva, sino la contención de la conflictividad social sin dar solución real. Al ubicar a «sus» defensores en cada municipio y comuna, el régimen se asegura de que cualquier reclamo contra el poder político sea callado a través de funcionarios que responden jerárquicamente a figuras como el Ministro Publico de la Defensa Washington Navarro Dávila o el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Daniel Leiva
Los «Chaskis» mensajeros del Siglo XXI
La analogía con los mensajeros del imperio incaico es pertinente, pero se queda corta. Estos nuevos defensores operan como piezas de un engranaje de información. En zonas rurales y municipios pequeños, el Defensor Oficial se convierte en el receptor de los secretos más íntimos y las necesidades más acuciantes de la población. ¿Qué seguridad tiene el justiciable de que su causa no será utilizada como moneda de cambio política? El riesgo de que estos funcionarios actúen como «lleva y trae» de información sensible hacia el Palacio de Gobierno o la Corte es una alarma roja para el sistema democrático.
Como en la Edad Media cuando se esperaba jurar ante el monarca el pacto sagrado y formal de lealtad, conocido comúnmente como homenaje (o homagium), sellando la relación de vasallaje, estableciendo obligaciones de por vida. Acto, central de conversión del vasallo en el defensor de los intereses, la tierra y la vida del monarca, bajo pena de muerte. Traído a nuestros tiempos, el monarca seria la misma persona del Gobernador.
Lo que estamos presenciando es el uso de la estructura judicial como una herramienta de ocupación de territorio. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en una simbiosis inédita con el Poder Ejecutivo, está expandiendo sus terminales para asegurar que no exista rincón de la provincia donde el control estatal no esté presente. Así el Poder Judicial de Tucumán ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en el facilitador del avance gubernamental.
El objetivo final de esta «falsa justicia gratuita» es el silencio.
Si el Estado controla quién te defiende, controla lo que se denuncia. Si el Estado sabe antes que nadie qué sucede en el interior, puede neutralizar el conflicto antes de que llegue a los medios de comunicación o a las instancias de control real. El abogado libre es desplazado; el justiciable, manipulado.
Lo que juró en el Teatro Mercedes Sosa no es un cuerpo de defensores para el pueblo, sino una red de vigilancia institucionalizada bajo el manto de la ley.
La Pluma Viral: Pasado y Memoria – Presente y Vida
