La confirmación de la tortura seguida de muerte de Jonathan «Nando» Rodríguez en la Comisaría de Simoca coincide con un momento de máxima fragilidad política en la provincia: el Gobierno de Tucumán ha confirmado la salida de Mario Racedo (Secretario de Derechos Humanos y Justicia) y de Pablo Vega Coronel (Subsecretario).
La salida de los funcionarios deja un vacío de poder en un área que hoy debería estar interviniendo de oficio en el caso de Simoca.
Mientras los organismos de DD.HH. despiden con respaldo la gestión saliente —centrada principalmente en la memoria histórica del Operativo Independencia y el golpe de 1976—, la realidad del 2026 golpea con una urgencia distinta: la tortura en democracia.
Mientras los esfuerzos oficiales se enfocaban en la preservación de sitios de memoria, casos como el de Jonathan Rodríguez revelan que las prácticas de «metodologías medievales» y el colapso muscular por asfixia (marcado por los 26.524 UI/L de CK) siguen vigentes en los calabozos tucumanos.
Todo comenzó con un acto de amor desesperado. La familia de Jonathan, al verlo atravesar una crisis de salud mental —no violenta—, confió en que el Estado podría contenerlo. Pero el Estado no envió médicos; envió uniformes. Lo que debía ser un traslado sanitario se transformó en una cacería dentro de un calabozo.
La acefalía en la Secretaría de Derechos Humanos genera un interrogante crítico para la familia Rodríguez: ¿Quién garantizará que el Poder Judicial no cajonee la causa? Sin un organismo provincial que presione por la aplicación del Protocolo de Minnesota, el riesgo de impunidad aumenta.
¿Memoria sin presente?
Las organizaciones de Derechos Humanos han pedido que los nuevos sucesores continúen con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, el caso de «Nando» Rodríguez pone sobre la mesa una demanda más inmediata: Justicia y Vida.
No basta con recordar los horrores de hace 50 años si el sistema actual permite que un joven que entra pidiendo auxilio por salud mental termine con el cuerpo destruido por la fuerza policial.
La reconfiguración del gabinete provincial ocurre en el peor momento posible: cuando la sangre de un ciudadano exige que el Estado deje de mirar hacia atrás para empezar a mirar lo que sucede hoy dentro de sus propias comisarías.
La sangre de Jonathan ya habló en el laboratorio; ahora queda por ver si el nuevo gabinete tendrá la voluntad política de escucharla o si el cambio de nombres es solo una maniobra para silenciar el estruendo de la tortura en Simoca.
La Pluma Viral : JUSTICIA POR NANDO: «LA SANGRE NO MIENTE»
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