En una provincia donde miles de familias conviven con calles destruidas, barrios inundables, hospitales con carencias y una pobreza que golpea cada vez con más fuerza, la prioridad del Estado vuelve a quedar bajo la lupa.
Según el comprobante N.º 00000252, bajo la razón social Hitmedia, la Caja Popular de Ahorro de la Provincia de Tucumán habría destinado $64.000.000 en concepto de pauta publicitaria para la radio La Tucumana, que transmite por FM 95.9.
La cifra genera un fuerte interrogante: ¿es realmente está la prioridad de un organismo estatal cuando la provincia atraviesa una profunda crisis económica y social?
Mientras numerosos tucumanos reclaman obras para evitar inundaciones, mayor inversión en salud, educación, seguridad y asistencia social, el dinero público vuelve a aparecer destinado a publicidad oficial. Una decisión que, para muchos ciudadanos, refleja un modelo donde la imagen institucional parece tener más importancia que las necesidades urgentes de la población.
La pauta oficial cumple una función legítima cuando informa campañas de interés público.
Sin embargo, cuando los montos alcanzan cifras millonarias, el debate deja de ser comunicacional para convertirse en una discusión sobre el uso de los recursos públicos.
Cada peso que sale de las arcas del Estado proviene del esfuerzo de los contribuyentes. Por eso resulta inevitable preguntarse si $64 millones destinados a publicidad representan la mejor inversión posible en una provincia donde existen localidades con infraestructura deficiente, familias afectadas por las inundaciones y sectores que viven por debajo de la línea de pobreza.
La controversia también reabre el debate sobre la distribución de la pauta oficial:
¿Qué criterios se utilizan para asignar estos fondos?, ¿Qué alcance tuvo la campaña?, ¿Qué objetivos perseguía?, ¿Qué mecanismos de control garantizan que el gasto sea eficiente y transparente?
En tiempos donde desde el propio Gobierno se habla de austeridad y de la necesidad de administrar con responsabilidad los recursos públicos, este tipo de erogaciones inevitablemente alimenta las críticas y profundiza la desconfianza ciudadana.
La discusión ya no pasa únicamente por una radio o por un contrato publicitario.
El verdadero debate es político y ético: si un Estado que pide sacrificios a la sociedad puede justificar desembolsos millonarios en publicidad mientras miles de tucumanos siguen esperando respuestas concretas a problemas que llevan años sin resolverse.
La transparencia exige que toda contratación de pauta oficial pueda ser explicada, justificada y sometida al escrutinio público. Porque cuando el dinero es de todos, el derecho a preguntar en qué se gasta también es de todos.
