La Secretaría de Estado de Comunicación Pública volvió a gestionar una ampliación millonaria del presupuesto para pauta publicitaria. Son $2.300 millones destinados a afrontar gastos de publicidad oficial durante septiembre y octubre de 2026. La cifra se suma a otros $2.400 millones gestionados recientemente.
En Tucumán, las prioridades presupuestarias vuelven a quedar bajo la lupa.
Mientras miles de familias hacen malabares para llegar a fin de mes, reducir gastos y afrontar el costo de los servicios, el Gobierno provincial vuelve a incrementar los recursos destinados a comunicación y publicidad oficial.
Según el Decreto N° 1.840/3, correspondiente al Expediente N° 1445/120-S-2026, la Secretaría de Estado de Comunicación Pública gestiona un nuevo incremento de crédito presupuestario por $2.300.000.000 en la Partida Principal 300 —Servicios no Personales— para afrontar gastos de pauta publicitaria correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2026.
Pero el dato adquiere otra dimensión cuando se lo coloca junto al antecedente inmediato.
El Gobierno provincial ya había dispuesto una ampliación de $2.400 millones para pauta publicitaria. El Decreto N° 749/3 (SH) estableció esa transferencia desde Créditos Adicionales del Tesoro hacia la Secretaría de Estado de Comunicación Pública para afrontar gastos de pauta de mayo, junio y julio.
Es decir, entre ambas ampliaciones presupuestarias mencionadas, el Estado provincial destina $4.700 millones adicionales a publicidad oficial.
La pregunta incómoda
La discusión no pasa solamente por cuánto dinero se destina a pauta, sino también por qué prioridades establece el Estado cuando decide reforzar una y otra vez esa partida.
En una provincia donde muchas familias enfrentan aumentos en servicios, alimentos y otros gastos cotidianos, la utilización de recursos públicos para publicidad oficial merece una explicación clara: ¿qué criterios se utilizan para distribuir esos fondos?, ¿qué medios reciben la pauta?, ¿cuánto recibe cada uno?, ¿qué campañas se contratan y cuál es su impacto?
La publicidad oficial puede cumplir una función legítima de información pública. Pero cuando las partidas crecen de manera significativa, también aumenta la necesidad de transparencia, control y rendición de cuentas.
¿Información pública o protección de imagen?
El punto más sensible aparece cuando la pauta oficial se convierte en objeto de discusión política.
Desde sectores críticos del Gobierno se cuestiona que semejantes recursos puedan terminar funcionando como una herramienta de construcción de imagen oficial o de influencia sobre la agenda mediática. Esa es una interpretación política que requiere ser contrastada con la distribución efectiva de la pauta y los contratos correspondientes, no simplemente asumida como un hecho.
Por eso, la pregunta central debería ser pública y concreta: ¿quiénes reciben los $2.300 millones y bajo qué criterios?
Porque detrás de cada ampliación presupuestaria hay recursos que salen del Tesoro provincial.
Y mientras para algunos hogares conseguir el dinero para pagar una boleta de luz puede convertirse en un verdadero problema, el Estado encuentra nuevamente margen para ampliar en miles de millones una partida destinada a publicidad.
La contradicción merece, como mínimo, debate.
- $2.300 millones más para pauta.
- $2.400 millones antes.
- $4.700 millones en ampliaciones.
Ahora resta conocer el destino preciso de cada peso y el listado de medios beneficiarios.
Porque la comunicación del Gobierno puede ser necesaria.
Lo que no debería faltar nunca es transparencia sobre cuánto cuesta y quién termina cobrando la cuenta.
