El sistema de transporte público de pasajeros en la provincia ingresó en una fase de extrema complejidad operativa y gremial. En las próximas horas UTA y AETAT definirán el futuro inmediato del servicio ante el vencimiento inminente de los plazos legales para la acreditación de los haberes mensuales de los trabajadores.
Los usuarios de los diferentes distritos metropolitanos enfrentan una semana cargada de incertidumbre sobre la circulación de las unidades y los representantes de las firmas privadas y los dirigentes gremiales mantienen posiciones fuertemente encontradas tras los últimos debates sectoriales.
En consecuencia, la posibilidad de que la provincia sufra un nuevo paro total de colectivos dependerá de las negociaciones urgentes fijadas para las próximas jornadas.
El rechazo contundente de UTA al pago fraccionado y la fecha límite del jueves.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó su postura de no convalidar ningún esquema de flexibilización en la liquidación de las carpetas salariales de mayo. Asimismo, la conducción del sindicato desestimó de forma unánime un borrador de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) que proponía abonar los ingresos en tres tramos diferidos.
Por este motivo, el gremio exige que la totalidad del dinero sea depositada de manera efectiva hasta el próximo jueves 4 de junio. De igual manera, el secretario general de la filial local, César González, recordó que los retrasos crónicos y los pagos desdoblados anteriores ya ocasionaron severos perjuicios en la economía familiar de los choferes.
Presión empresaria por un boleto a 2400 pesos
Por otra parte, los referentes de las compañías transportistas argumentan que la sustentabilidad del negocio se encuentra en una situación crítica debido al atraso de los cuadros tarifarios. Por lo tanto, el vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, reclamó celeridad a las comisiones parlamentarias del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para tratar un nuevo incremento del pasaje urbano.
En consecuencia, los estudios de costos de las firmas privadas ubican el valor técnico del pasaje en los $2.400, una cifra muy distante de los $1.250 vigentes en la actualidad. Por este motivo, concejales radicales salieron al cruce de las demandas patronales, adelantando su voto negativo ante lo que consideraron una maniobra de presión extorsiva
