La multinacional alemana Linde denunció presuntas irregularidades en una licitación del PAMI para el servicio de oxigenoterapia destinada a jubilados. Según la presentación, una empresa vinculada a un hombre cercano a Luis «Toto» Caputo habría falseado documentación clave para quedarse con un contrato de $27 mil millones.
El caso genera fuerte impacto político, ya que pone bajo la lupa uno de los procesos de contratación más importantes del organismo en materia de salud.
El entramado empresarial detrás del contrato
La empresa cuestionada es Oxígeno y Tecnología (Oxitesa), firma de origen salteño que logró expandirse a nivel nacional tras asociarse con Martín Voss y el empresario Álvaro Herrera. Gracias a ese vínculo, la compañía accedió a un contrato millonario para proveer equipos de oxígeno a afiliados con enfermedades respiratorias.
En el sector, sin embargo, advierten que Oxitesa no produce oxígeno, sino que lo adquiere a grandes compañías, entre ellas la propia Linde.
Certificados bajo sospecha
El punto más delicado de la denuncia radica en la documentación presentada para participar de la licitación. Según Linde, Oxitesa habría utilizado certificados de la ANMAT a nombre de la firma alemana sin autorización, para cumplir con requisitos técnicos que no podía acreditar por sí misma.
Además, la multinacional aseguró que la empresa no cumple con las normativas necesarias para la producción, fraccionamiento y comercialización de gases medicinales.
Una denuncia archivada y sospechas de acuerdos
Pese a la gravedad de la presentación, la denuncia de Linde habría sido archivada dentro del PAMI, lo que generó aún más interrogantes en el sector. Aun así, la empresa alemana continuó proveyendo oxígeno a Oxitesa, lo que alimentó versiones sobre un posible acuerdo entre las partes.
«Se usó el nombre de Linde sin consentimiento», remarcaron desde la compañía, al tiempo que señalaron que incluso se habría presentado documentación apócrifa vinculada a Praxair, empresa absorbida por el grupo alemán.
Otras irregularidades en la licitación
El contrato también presenta inconsistencias en su ejecución. Aunque el pliego establecía que no habría redeterminación de precios, fuentes del sector indicaron que los valores se actualizaron al menos dos veces, con incrementos cercanos al 70%.
Este dato suma tensión a un caso que ya combina denuncias empresariales, sospechas políticas y posibles incumplimientos regulatorios en un área sensible como la salud pública.
