El refrán popular señala que “el pez por la boca muere”. Existe otro también que indica que “en boca cerrada no entran moscas”. Ahora bien, hay algo que no se dice acerca de por qué una persona incurriría en “abrir la boca” cuando no le conviene, es decir, hablar de más al punto de perjudicarse a sí mismo. Sólo lo haría a sabiendas de que goza de la impunidad necesaria como para poder hacerlo sin temor alguno.
Es el caso de Jorge Yapura Astorga quien, en la semana que se fue para jamás volver, no se le ocurrió mejor idea que hablar en una radio de Tafí del Valle y dar a entender que existiría una estructura política y/o judicial que le brindaría protección. Al menos, eso es lo que se desprende de una entrevista en la que no tuvo empacho en dejar en claro que está lejos de aceptar que está condenado a prisión por haber cometido una serie de delitos por los que debe pagar.
Y es que, a pesar de que la condena en contra de Yapura Astorga cuenta con total legitimidad y se basa en un cúmulo de pruebas contundentes, el ex intendente tafinisto pretende hacer de cuenta que nada pasó. Al menos, es lo que se desprende de la entrevista radial en la que dio a entender que el ministro fiscal de Tucumán, Edmundo «Pirincho» Jiménez, habría presentado en la Corte Suprema de Justicia local un dictamen que lo favorecería.
Algo que la lógica más básica encuentra incompatible con la realidad, teniendo en cuenta que el juicio de Jorge Yapura Astorga se volcó en su contra gracias al Ministerio Público Fiscal. Para lo cual resultó fundamental la acusación muy bien fundamentada por parte de la Fiscalía a cargo del Dr. Daniel Marranzino, quien terminó consiguiendo una condena histórica en la provincia de Tucumán y que hasta tuvo repercusión a nivel nacional.
Si para muestra basta un botón, cabe recordar que el ex intendente de Tafí del Valle fue declarado culpable de haber cometido delitos de Negociaciones incompatibles con la Función pública (en interés propio), Administración Fraudulenta por fraude a la Administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público todo ello en concurso ideal, y autor del delito de Enriquecimiento ilícito en concurso real, en perjuicio de la administración pública.
Recordemos que la sentencia ejemplar fue dictaminada por los jueces Dres. Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica al concluir el juicio en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de Sebastián Luna, titular de este medio en abril del 2015, quien afirmó que Yapura Astorga, durante los años de su primera gestión en Tafí del Valle, entre 2011 y 2015, hizo compras en forma directa en el comercio Floppy III, propiedad de su entonces pareja Nerina Mustafá.
De hecho, en su alegato ante el tribunal que condenó al ex intendente, el auxiliar fiscal Dr. Gerardo Arch señaló que “entre el espacio de tiempo que va desde el 25 del 1 del 2012 hasta el 19 del 3 del 2015, la señora Nerina Mustafá con el negocio Floppy III que como remarcaremos, a pesar de que la titular es ella también forma parte del patrimonio en propietario o era propietario el señor Jorge Yapura Astorga se convirtió en la única proveedora del municipio en el rubro de mercadería. De esa manera, se configuraron contrataciones directas, sucesivas, sistemáticas, irregulares, ilegales con la señora Nerina Mustafá por parte de la municipalidad”.
En esa línea, el alegato dejó en claro que el accionar delictivo fue tal que hasta necesitó de la participación de otros integrantes del clan ya que “sin lugar a dudas que esta contratación directa, sucesiva, sistemática, no podía llevarse a cabo solamente con la anuencia o la intervención del intendente. Necesitaba la intervención de sus funcionarios para que pudieran darle el trámite a lo que, vuelvo a repetir, corresponde denominar expediente de pago de factura”, manifestó el fiscal Gerardo Arch.
Por su parte, el titular de la Fiscalía, Daniel Marranzino, habló luego de conocerse los alegatos y aclaró que los sindicados fueron imputados “básicamente un enriquecimiento ilícito, había un fraude de la administración pública, negociación incompatible con la función pública, violación del deber del funcionario público y, bueno, fueron, de alguna forma, sobre esos marcos típicos penales donde se fijó y se montó una pena de acuerdo a la responsabilidad de cada uno”.
En esa línea, señaló que “a los principales responsables, según criterios de la Fiscalía, correspondía una pena de cumplimiento efectivo, más una multa que establece el código relacionado con el dinero supuestamente obtenido, el monto supuestamente obtenido de manera ilegítima. El decomiso de bienes adquiridos y también la inhabilitación perpetua del ejercicio de funciones públicas, obviamente como lo prevé la ley”.
Acerca de la naturaleza de los ilícitos cometidos por el clan Yapura Astorga, señaló que “todo tiene relación porque, a ver, a partir de compras irregulares, no detalladas, no justificadas, no especificadas en calidad, precios, sin hacer un código, había otros negocios ahí, pero siempre era Floppy, Floppy, Floppy, donde directamente se libraban, se hacían expedientes y se libraron órdenes de pago, sin detallar mercadería, sin decir calidad, cantidad, nada. Sin decir a otros tampoco, mire, ¿qué nos ofrecen ustedes? ¿Cuál es la mejor mercadería? O sea, realmente creo que, a través de auxiliares colaboradores, hemos podido informar y transmitir lo que realmente creemos que correspondía, y bueno, hemos tratado de ser objetivos en todo esto, como siempre lo hemos hecho”.
Sin embargo, en la entrevista que brindó Jorge Yapura Astorga, se deja entrever por lo dicho por parte del propio ex intendente que sería el mismísimo ministro público fiscal quien habría elevado un dictamen favorable al ex intendente condenado a más de media década de prisión. Si bien es cierto que la opinión del MPF no es vinculante en la decisión de los vocales del máximo tribunal, la pregunta pasa por saber qué se estaría buscando con esta movida.
¿Acaso es la impunidad de Jorge Yapura Astorga y compañía? ¿Tal vez la libertad del condenado por corrupción? ¿Quizás un mensaje a la sociedad dejando en claro que nadie se tiene que meter con los políticos porque estarían protegidos? Yendo un poco más allá. ¿Habría tráfico de influencias? ¿Peculado? En definitiva, lo cierto es que, de ser así, estaríamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada y sin precedentes en la provincia de Tucumán.
Esto va en línea con lo expresado por Yapura Astorga en la entrevista cuando dijo que él no está condenado debido a que la misma no está firme y que hasta puede darse el lujo de ser candidato si se lo propone. Sin embargo, cabe aclarar que, en realidad, el ex intendente se encuentra actualmente condenado nada más ni nada menos que a 5 años y tres meses de cárcel en primera instancia.
Lo cierto es que la verdadera intención de Yapura Astorga pasa por dos lugares, o quizás ambos. Por un lado, apuntaría a pretender confundir a la sociedad con artilugios y/o tecnicismo propios del derecho. Pero también el ex legislador provincial daría a entender a la opinión pública que podría estar todo arreglado para que la justicia tucumana tire todo por la borda y se apreste a salvarlo más temprano que tarde.
A lo mejor Yapura Astorga se encuentra envalentonado a causa de que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, la vara de la Justicia tucumana muchas veces deja bastante que desear. En ese sentido, el ex intendente intentó chapear con que él no tiene prohibición de salir del país. Como si fuera poco, hasta contó que acababa de volver del exterior la semana anterior a su entrevista radial.
Al respecto, cabe preguntarse: ¿Cómo puede ser que la Justicia provincial le permita salir del país a un condenado por corrupción? ¿Acaso no hay riesgo de fuga? ¿Acaso no tiene los suficientes medios económicos para hacerlo? ¿Por qué se burla tanto de la sociedad Jorge Yapura Astorga? ¿No será porque es la propia Justicia local la que se lo permite? ¿Habría una clara protección judicial detrás de todo esto? ¿O tal vez viene de la política? En ese caso, ¿De parte de quién o quiénes sería?
No en vano dicen que las comparaciones son odiosas. Sobre todo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la complicada situación en la que se encuentra a pesar de que ocupa un puesto de poder importante quien se desempeña como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), es decir, Claudio “Chiqui” Tapia. Evidentemente, existe una notoria diferencia entre la Justicia de Tucumán en relación con la de Buenos Aires.
Sobre todo, considerando que, en el caso de Tapia, se trata de un imputado que ni siquiera fue todavía a declarar a indagatoria y mucho menos tuvo un juicio condenatorio en su contra. Sin embargo, al titular de la AFA se le prohíbe salir del país. Por lo tanto, ¿Qué es lo que ocurre entonces con la justicia de Tucumán? ¿Ya ni siquiera alcanza con que exista una condena de 5 años y tres meses de cárcel nada menos que por corrupción en contra de un funcionario público?
Parecería que en Tucumán, al menos en lo que respecta a casos de delitos de acción pública que involucran a funcionarios públicos que están denunciados y condenados, estos gozarían de protección e impunidad y parece que nada cambiará.
¿La justicia local brindaría impunidad a modo de coacción en contra de los acusados y condenados para, quizás, mantener un poder paralelo en las sombras? ¿Será justicia alguna vez en Tucumán mientras una sociedad harta clama por ella?
Mientras los tucumanos esperan una resolución de casación que ya lleva casi 15 meses de un “curioso silencio”, luego de estas declaraciones del condenado Jorge Yapura Astorga surge una pregunta:
¿Se estará cocinando algo espurio entre gallos y medianoche en la justicia provincial?
