El escándalo de manipulación de imágenes a menores en un colegio de San Pablo expone la peligrosa desconexión del Ministerio de Educación ante la crisis tecnológica y los pésimos índices de rendimiento escolar.
La modernidad no avisa cuando golpea la puerta de las aulas; simplemente irrumpe, y en Tucumán el sistema educativo quedó completamente a la intemperie. El estallido social y judicial originado en el colegio San Pablo Apóstol desnudó una realidad inocultable.
Las escuelas tucumanas son tierra de nadie frente a la ciberviolencia de género, mientras la cartera que encabeza la ministra Susana Montalvo opta por el silencio y la reacción tardía.
El colegio de San Pablo
El caso de San Pablo, donde un alumno de tercer año fue acusado de utilizar inteligencia artificial para generar y viralizar cientos de imágenes y videos falsos con rostros de sus compañeras menores de edad desnudas que derivó en movilizaciones estudiantiles, indignación familiar y pedidos de medidas drásticas, no es un episodio aislado ni una anécdota disociada del contexto provincial. Es la punta del iceberg de un fenómeno silenciado por el pudor, el miedo y la falta de protocolos institucionales claros. En decenas de establecimientos de la provincia se multiplican las vulneraciones digitales y el acoso con herramientas de IA, pero la respuesta oficial brilla por su ausencia.
Tucumán tiene la peor gestión educativa
Los gabinetes psicopedagógicos están desbordados, los docentes no cuentan con herramientas de prevención digital y las familias quedan libradas a su propia suerte en medio de un vacío normativo alarmante.
Esta parálisis ministerial no sorprende si se analiza el suelo sobre el que se levanta la política educativa local. Días atrás, el Informe de Gestión Educativa posicionó a Tucumán como la peor provincia del país en materia de rendimiento y administración del sistema, registrando marcas críticas que se ubicaron muy por debajo de los estándares esperables. Los datos reflejaron que el problema central no es meramente presupuestario, sino una profunda falta de gestión estratégica y liderazgo institucional.
Ministerio ausente
Si el Estado provincial es incapaz de garantizar los indicadores básicos de aprendizaje y desempeño, mal puede gestionar las complejas demandas éticas, emocionales y tecnológicas del siglo XXI. La inteligencia artificial se discute en los ámbitos laborales, corporativos y científicos bajo estrictos marcos de ética y cumplimiento; sin embargo, en las escuelas públicas y privadas de Tucumán parece regir la ley del sálvese quien pueda.
La ministra Susana Montalvo y su equipo directivo no pueden seguir mirando hacia el costado ni minimizar la gravedad institucional de estos hechos apelando a gacetillas tibias o talleres decorativos que llegan tarde. La integridad, la privacidad y la salud emocional de los menores de edad no son variables negociables.
El Estado provincial es civil y penalmente responsable de lo que ocurre dentro y fuera de los establecimientos educativos bajo su órbita, y la inacción frente a la violencia digital ya constituye una forma de complicidad institucional.
