Redacción Central de La Pluma Viral.
La fiesta de las asistencias financieras a los municipios de Tucumán parece no tener fin. Mientras miles de familias hacen malabares para comprar alimentos, pagar la luz, afrontar el alquiler y llegar al día 30, el Gobierno provincial autorizó una nueva asistencia financiera millonaria: esta vez, para la Municipalidad de Alderetes.
Mediante el Decreto N.º 2.442/3, correspondiente al Expediente N.º 2290/222-A-2026, se otorgó al municipio una asistencia financiera por la suma total de $1.841.082.973,47.
Sí, más de 1.841 millones de pesos destinados a las arcas municipales, en una provincia donde una parte de la población vive con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
La cifra es monumental. Y aunque la asistencia financiera pueda tener un encuadre administrativo y legal, eso no elimina la obligación de explicar públicamente por qué se necesitan estos recursos, cuál será su destino y qué mecanismos de control garantizarán que cada peso llegue a donde corresponde.
Porque cuando se trata de fondos públicos, no alcanza con publicar un decreto y seguir adelante como si nada.
MILLONES PARA LOS MUNICIPIOS, INCERTIDUMBRE PARA EL VECINO
- ¿Qué pasa con el ciudadano que necesita asistencia y no tiene un municipio ni un Gobierno provincial que le resuelva sus problemas económicos?
- ¿Qué respuesta recibe el trabajador cuyo salario se esfuma antes de terminar el mes?
- ¿Quién ayuda al jubilado que debe elegir entre comprar medicamentos o llenar la heladera?
- ¿Quién auxilia a la familia que acumula deudas porque las tarifas de los servicios públicos se llevan una porción cada vez mayor de sus ingresos?
Para esos tucumanos no hay decretos millonarios que solucionen automáticamente sus problemas.
Hay sacrificio, endeudamiento, cuentas impagas y una lucha cotidiana para no caer todavía más.
Mientras tanto, las asistencias financieras siguen apareciendo en el Boletín Oficial.
La contradicción política es brutal: un Estado que moviliza miles de millones de pesos para sostener las finanzas municipales debe explicar también qué hace para aliviar la situación de los ciudadanos que sostienen ese mismo Estado con sus impuestos.
¿ASISTENCIA FINANCIERA O UNA CUENTA QUE LA SOCIEDAD DEBE EXIGIR QUE SE RINDA?
Nadie discute que los municipios tienen obligaciones que cumplir ni que pueden atravesar dificultades financieras. El problema es otro: la transparencia, la rendición de cuentas y la prioridad que se les asigna a los recursos públicos.
Cuando se autorizan cifras de esta magnitud, la sociedad tiene derecho a conocer el destino concreto de los fondos, las necesidades que justifican la asistencia y los controles previstos para verificar su utilización.
- ¿Cuáles son los compromisos financieros que debe afrontar Alderetes?
- ¿En qué se utilizarán los $1.841 millones?
- ¿Qué información se publicará para que los vecinos puedan controlar el destino del dinero?
Son preguntas legítimas que merecen respuestas concretas, no silencio administrativo.
La transparencia no puede ser una opción del Gobierno.
Es una obligación frente a cada ciudadano que paga impuestos y espera que los recursos públicos se administren con responsabilidad.
EL TUCUMANO DE BIEN TAMBIÉN NECESITA QUE LO AUXILIEN
En una provincia atravesada por las dificultades económicas, la discusión no puede limitarse a cuánto dinero recibe cada municipio. También debe incluir qué políticas se aplican para combatir la pobreza, generar empleo, mejorar los ingresos y garantizar que las familias puedan cubrir sus necesidades esenciales.
Porque el ciudadano común no puede emitir un decreto para resolver sus problemas. No dispone de una asistencia millonaria cuando las cuentas no cierran. No tiene una partida presupuestaria para compensar la pérdida de su poder adquisitivo.
Tiene que arreglárselas solo.
¿Quién ayuda al tucumano de bien cuando no llega a fin de mes?
¿Dónde está el auxilio para el trabajador que cumple con sus obligaciones, para el comerciante que lucha por mantener abierto su negocio y para la familia que ya no sabe qué gasto recortar?
La política debe rendir cuentas. Los fondos públicos deben tener un destino claro. Y las necesidades de la población tienen que ocupar un lugar central en las decisiones presupuestarias.
Porque los millones que se distribuyen no pertenecen a los funcionarios ni a los municipios: son recursos públicos y, como tales, deben administrarse con transparencia y responsabilidad.
En Tucumán, mientras las asistencias financieras millonarias siguen sumándose, la sociedad tiene derecho a preguntar quién controla, quién explica y quién se ocupa del ciudadano que ya no puede más.
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