Mientras en las sesiones del “Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas” resonaban relatos sobre las «tumbas del siglo XXI» —aquellas comisarías tucumanas donde el hacinamiento y el trato degradante son la norma—, en los tribunales de San Miguel de Tucumán se perfecciona una forma de tormento más silenciosa pero igualmente devastadora: la “censura judicial”.
El caso «Jaldo c/ Molinuevo» (Expediente Nº 1388/26) ha dejado de ser un simple pleito civil por una «medida cautelar residual» para convertirse en el síntoma de una democracia degradada. Aquí, la justicia parece haber abandonado su rol de baluarte de la libertad.
La censura ejercida contra la Diputada Soledad Molinuevo constituye un preocupante episodio de violencia institucional bajo el sello del Estado.
Este atropello debe leerse a la luz de la Ley 26.485 (Protección Integral a las Mujeres), pues el uso de la estructura judicial para amordazar a una representante electa busca anular la voz política de las mujeres.
Cuando el Estado tucumano utiliza la justicia como bozal, no solo persigue a una ciudadana, sino que socava los cimientos democráticos de la provincia.
Asimismo, las medidas dictadas con una celeridad inusual —exigiendo el borrado de publicaciones bajo amenaza de sanciones económicas — configuran un cuadro de “violencia institucional y psicológica”, es hacer “desaparecer” al que perturba con sus expresiones.
La ley argentina es clara: el hostigamiento, el descrédito público y el uso de la fuerza institucional para controlar las acciones y decisiones de una mujer son formas de violencia que el Estado tiene la obligación de erradicar, no de promover.
Resulta alarmante la sospecha denunciada por Molinuevo: el Poder Ejecutivo parece conocer el contenido de los fallos antes de que las partes sean notificadas. ¿Existe aún división de poderes o los despachos judiciales son meras oficinas anexas de la Casa de Gobierno?
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán —Leiva, Sbvdar, Posse, Estofán y Rodríguez Campos— guarda un silencio sepulcral. Es el «silencio de los dioses del Olimpo», una indiferencia que valida el uso estratégico de litigios contra la participación pública (SLAPP) para quebrar emocionalmente a quienes denuncian la corrupción.
Si el caso Diputada Soledad Molinuevo es la mordaza y violencia de genero e institucional, el del Dr. Gustavo Morales es el ensayo de la aniquilación psíquica. Cuando fue confinado en el penal de Benjamín Paz en febrero de 2025, Morales padecio lo que se denomina “tortura blanca»: privación del sueño mediante luces permanentes, una táctica diseñada para desorientar y quebrar la voluntad, violando directamente el “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”.
La perversidad alcanzo su punto máximo con la sentencia que le prohíbe nombrar a sus propios censores durante los próximos seis años. Un hombre a quien se le arrebata la palabra frente a su propio daño es una sombra obligada a la «muerte en vida» y obviamente es inadmisible que un solo tucumano soporte esas condiciones de tortura psicologica.
Este entramado de jueces complacientes con la búsqueda de “disciplinamiento social” transmite un mensaje nítido: en el «Jardín de la República», quien se atreve a criticar o a exigir transparencia termina en el banquillo de los acusados o en una celda iluminada día y noche.
Naciones Unidas ya observa con horror el sistema de obstrucción sistemática en Tucumán.
La pregunta es si la sociedad tucumana permitirá que la Mordaza judicial y tortura psicológica se convierta en la ley constitucional de facto, donde el derecho a la crítica se paga con el exilio de la vida civil.
