Gendarmería Nacional destruyó 230 kilos y 55 gramos de cocaína y 16 gramos de marihuana en San Miguel de Tucumán, por orden de la Justicia Federal. La droga estaba vinculada a 19 causas judiciales por narcotráfico y transporte ilegal de estupefacientes.
Más de 230 kilos de cocaína fueron incinerados en San Miguel de Tucumán durante un procedimiento ordenado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero. La medida se concretó en la planta de tratamiento de residuos de la empresa 9 de Julio S.A., bajo la supervisión de efectivos de Gendarmería Nacional.
La destrucción del material se realizó luego de los análisis periciales correspondientes y de acuerdo con las disposiciones judiciales. La sustancia había sido secuestrada en distintos procedimientos y formaba parte de pruebas incorporadas a 19 expedientes vinculados con delitos de narcotráfico y transporte ilegal de estupefacientes.
Qué sustancias fueron incineradas
Las pericias químicas realizadas previamente confirmaron las cantidades exactas de las sustancias destruidas:
- 230 kilos y 55 gramos de clorhidrato de cocaína.
- 16 gramos de marihuana.
El material fue trasladado bajo custodia desde la sede de una unidad de Gendarmería hasta el predio de tratamiento de residuos, donde se llevó adelante la incineración.
Gendarmería garantizó la custodia y la trazabilidad
El operativo estuvo encabezado por integrantes del Escuadrón 59 «Santiago del Estero», con la participación del Destacamento Móvil 5 y de distintas unidades especializadas de la fuerza federal.
También intervinieron la Unidad de Procedimientos Judiciales, la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses y la Unidad de Reconocimiento.
Durante el traslado y la destrucción, los efectivos mantuvieron la trazabilidad de las sustancias y preservaron las muestras legales requeridas para las actuaciones judiciales.
La Justicia supervisó la destrucción de los estupefacientes
La incineración se realizó en un horno pirolítico, con controles de seguridad y medidas de protección ambiental.
Una vez verificado el cumplimiento de los protocolos establecidos, el magistrado interviniente autorizó la finalización de las tareas operativas.
El procedimiento permitió destruir material que había sido incorporado como evidencia en distintas investigaciones judiciales, conforme a la orden emitida por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.
