La ley de Presupuesto 2026 para la Provincia de Tucumán plantea un escenario de “un presupuesto que gasta más, y no necesariamente mejor”, proyectando un nivel de erogaciones reales que alcanzaría el pico histórico registrado en 2023, de acuerdo a un informe realizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
Resulta particularmente llamativa el hallazgo de una partida del Tesoro Provincial destinada a “erogaciones varias” de personal, que sin identificación clara de la institución ni del destino específico, proyecta casi el 4% del gasto total para solo 230 cargos de planta.
En términos presupuestarios, esta asignación es calificada como “extremadamente elevada”, dado que “el costo promedio anual por cargo ascendería a aproximadamente $870 millones, lo que plantea serios interrogantes sobre la razonabilidad y transparencia de esta asignación”.
Asimismo, el documento, advierte que la comparación de ingresos se realiza sobre un presupuesto 2025 que resultó “muy subestimado”, como lo informará este medio, lo que en la práctica derivará en una “disminución, en términos reales, de los recursos coparticipables a los municipios” y un aumento de la carga tributaria sobre la actividad económica y la producción tucumana.
El análisis, titulado “Otra vez sopa” y elaborado por los economistas Bernabé Salas Arón y Pablo Agustín Pero, sostiene que no se observa un “cambio de fondo en las prioridades, cambio que a nuestro entender es urgente e imperioso”.
Los autores cuestionan los supuestos macroeconómicos utilizados, como una inflación del 10,1%, calificándolos de optimistas y advirtiendo que una mayor inflación real permitiría al Gobierno obtener “mayor discrecionalidad en el gasto” al disponer de recursos excedentes fuera del presupuesto.
En cuanto a la composición de los ingresos, el informe destaca que casi tres cuartos de los recursos provinciales provienen de la Coparticipación Federal, mientras que la recaudación local muestra “profundas inconsistencias estructurales”.
Al desagregar la política tributaria, el trabajo de Federalismo y Libertad señala que los impuestos más distorsivos, como Sellos y Salud Pública, escalarían a un ritmo cuatro veces superior a la inflación prevista, con incrementos proyectados de más del 45%. En contraste, impuestos patrimoniales como el Inmobiliario y Automotores presentan tasas de variación negativas, lo cual es calificado como una “mala noticia para los municipios” al ser estos los únicos tributos significativamente coparticipables. Según el informe, esta lógica “penaliza la actividad económica, la producción y la generación de riqueza”.
En materia de recursos humanos, el estudio pone “la lupa sobre el gasto en personal”, caracterizándolo como “sobredimensionado y poco transparente”. Se destaca que, mientras el Sistema Provincial de Salud sostiene a más de 20.000 trabajadores con el 9,72% del presupuesto, otros organismos descentralizados y dependencias del Poder Ejecutivo presentan costos por empleado sustancialmente mayores y estructuras “especialmente en cargos no operativos”. La comparación es tajante:
“asignar el 4% del Presupuesto provincial a solo 230 cargos sin especificar no constituye un monto marginal, sino extremadamente elevado”.
Finalmente, la inversión pública vuelve a quedar relegada frente al gasto corriente, que explica más del 90% del presupuesto. El informe revela que el presupuesto previsto para obras de agua y saneamiento hídrico representa apenas el 0,19% del total de erogaciones, una cifra que es “apenas poco más de la mitad de lo que la provincia recibió por ATN en un sólo mes” a fines de 2025 ($20 mil millones).
La Dirección Provincial de Vialidad también cuenta con una asignación que resulta “muy inferior al gasto que ejecutan múltiples instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial exclusivamente en salarios”, reforzando la conclusión de que el presupuesto exhibe una “marcada concentración de recursos en gastos corrientes en detrimento de la inversión en infraestructura fundamental para mejorar la productividad” de Tucumán.
