Tucumán se ha configurado, de manera descarnada, en el ámbito natural de la impunidad. Ya no estamos frente a simples irregularidades procesales, negligencias o meros errores de gestión aislados; lo que hoy impera en la provincia es un plan sistemático de aniquilación de las garantías republicanas.
En este escenario de profunda oscuridad jurídica, lo que rige no es la ley, sino la voluntad de un bloque paraestatal que ha transformado los estrados judiciales en un auténtico patíbulo para la Constitución Nacional.
La punta del iceberg de este mecanismo de opresión y censura previa quedó expuesta con la escandalosa medida dictada por el juez subrogante Lucas A. Taboada el 7 de Noviembre de 2025 (al que bien puede bautizarse como El año de la censura previa).
El magistrado, en un claro acto de avasallamiento a la libertad de expresión, dictó un «bozal legal» de seis meses que prohíbe a periodistas, productores y conductores de un multimedio provincial —particularmente al exitoso programa «El Avispero», conducido por Roque Galeano— difundir cualquier contenido que «injurie, desacredite o distorsione» la actuación de los fiscales y magistrados locales.
Sentado en una de las bancas de la Legislatura más cara del país —donde el costo de sostener a cada parlamentario equivale a un verdadero «lingote de oro» financiado por el bolsillo de los tucumanos—, Vargas Aignasse parece haber encontrado su principal enemigo: el libre pensamiento y la libre expresión de la ciudadanía.
Sin embargo, el círculo de la impunidad y el pago de favores está a punto de cerrarse de la manera más impúdica si mañana, -pasará a la historia del oprobio institucional de la provincia- y se aprobará el pliego de Taboada para ser electo juez de forma definitiva.
Sentencia contra el periodismo: El «Bozal» como examen de ingreso a la justicia y la devolución de favores de Edmundo Jiménez por medio del CAM Bajo la apariencia de una resolución técnica, la medida de cesura a un medio periodístico local por parte de Taboada fue un ejemplo grosero de cómo las agencias judiciales se cierran sobre sí mismas para garantizar su propia impunidad ante la opinión pública.
En su fallo utiliza conceptos de una vaguedad jurídica alarmante como «desacrediter» o «distorsionar», otorgándose de facto a los mismos fiscales el poder de decidir qué es verdad y qué es injuria, usando el aparato represivo del Estado para silenciar el disenso.
En los pasillos de los tribunales tucumanos nadie cree en las casualidades. Esta embestida judicial respondió directamente a una causa penal impulsada por el propio Ministro Fiscal, Edmundo Jesús Jiménez, en contra del periodista Gustavo Olarte. La velocidad y el tenor de la resolución de Taboada expusieron lo que hoy se confirma de forma oficial: un aceitado mecanismo de devolución de favores. La sumisión de este magistrado a los intereses de la «casta judicial» y del Poder Ejecutivo encuentra su contraprestación directa en el Consejo de la Magistratura (CAM).
El CAM, bajo la presidencia del Vocal de la Corte Suprema Daniel Posse y el Vicepresidente Legislador Daniel Leito, lejos de funcionar como un órgano de selección transparente e independiente, opera como el gran engranaje de premios políticos.
Amordazar a los críticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de los jueces amigos fue, evidentemente, el examen de ingreso y el requisito indispensable que Taboada debió cumplir para garantizarse la bendición política, la aprobación de su pliego y su inminente consagración en el cargo.
«Usan el aparato judicial para censurar. Ni en las peores épocas se vio esto», denunció públicamente el periodista Roque Galeano tras conocerse el fallo inconstitucional.
