
Sin Código Tucumán denunció mensajes intimidatorios apenas cinco minutos después de publicar preguntas sobre los fondos del Plan Pre-Lluvia y el reparto de recursos entre las 93 comunas. El ministro Darío Monteros tiene explicaciones pendientes: dónde fue el dinero, qué obras se hicieron y quién controla las rendiciones. En Tucumán, el periodismo no puede trabajar bajo amenazas ni presiones.
El costo de incomodar al poder: amenazas después de preguntar por los fondos públicos
En Tucumán, hacer preguntas sobre el destino del dinero público debería ser una obligación periodística y un derecho ciudadano. Sin embargo, una nueva denuncia encendió las alarmas sobre las condiciones en las que trabajan los medios que investigan al poder político.

El portal Sin Código Tucumán denunció que recibió mensajes intimidatorios apenas cinco minutos después de publicar una investigación sobre los fondos del Ministerio del Interior, conducido por Darío Monteros.
La publicación, difundida el martes 17 de noviembre, planteó tres preguntas centrales que todavía esperan respuestas claras:
¿Qué obras del Plan Pre-Lluvia fueron efectivamente terminadas?
¿Cuánto dinero recibió cada una de las 93 comunas rurales?
¿Dónde pueden consultarse públicamente las rendiciones de esos recursos?
No se trata de una discusión menor. Se trata de fondos públicos, prevención de inundaciones y comunidades que necesitan saber si las obras prometidas se concretaron.
Cinco minutos después, llegaron los mensajes intimidatorios
Según relató la redacción de Sin Código Tucumán, poco después de publicar las preguntas comenzaron a recibir mensajes destinados a desacreditar su trabajo y comentarios que interpretaron como advertencias.
Uno de ellos decía:
“Cuando uno destapa la olla a presión, corre riesgo de quemarse con su propio vapor”.
El medio aclaró que todavía no está establecida la identidad de quien escribió el mensaje ni su eventual vinculación con funcionarios públicos.
Esa distinción es fundamental: la denuncia debe investigarse y cualquier responsabilidad debe determinarse con pruebas.
Pero hay una cuestión que no admite indiferencia: ningún periodista debería recibir intimidaciones por preguntar qué se hizo con el dinero de los contribuyentes.
Monteros debe responder por la gestión
El ministro del Interior tiene una responsabilidad institucional sobre el área que conduce. Por eso, las preguntas sobre el destino de los recursos asignados a las comunas merecen respuestas documentadas.
La discusión tiene números concretos.
Según la investigación publicada por Sin Código Tucumán, la Provincia recibió $12.000 millones de la Nación para el Plan Pre-Lluvia entre mayo y julio de 2025. Además, se menciona un refuerzo de $8.800 millones para las comunas rurales.
La existencia de partidas presupuestarias no alcanza para demostrar qué obras se terminaron ni cómo se distribuyó cada peso.
Los ciudadanos necesitan conocer contratos, trabajos ejecutados, pagos realizados y rendiciones de cuentas.
La transparencia no puede depender del humor de los funcionarios ni de la cercanía política de los medios.
¿El monito de FOPEA ya se sacó la venda de los ojos?
Libertad de prensa: las amenazas no pueden convertirse en una herramienta de disciplinamiento
Sin Código Tucumán también recordó que anteriormente recibió amenazas contra familiares de integrantes de su redacción, luego de publicar el testimonio de una trabajadora municipal que denunció un presunto abuso sexual contra un funcionario posteriormente apartado de su cargo.
El episodio actual vuelve a poner sobre la mesa una discusión institucional que atraviesa a Tucumán: la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la distribución de la pauta oficial y la independencia de los organismos de control.
El medio reclamó garantías para ejercer el periodismo y diferenció expresamente ese pedido de cualquier acusación sobre la autoría de los mensajes.
El organismo de control FOPEA y sus funcionarios, que demostraron no ser idóneos para estar a la altura de las circunstancias, deben garantizar condiciones para que periodistas y medios puedan investigar sin intimidaciones. La Justicia, por su parte, debe esclarecer lo sucedido.
Las preguntas siguen esperando respuestas
El próximo 9 de mayo de 2027, Tucumán tendrá elecciones provinciales. Pero mucho antes de cualquier campaña, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administran los recursos públicos.
Darío Monteros debe responder las preguntas sobre el Plan Pre-Lluvia y el reparto de fondos a las comunas.
Y quienes hayan enviado amenazas, si se identifica su responsabilidad, deberán responder ante la Justicia.
Porque preguntar no es provocar. Investigar no es atacar. Y exigir rendiciones de cuentas no es una amenaza para la democracia: es una obligación del periodismo.
En Tucumán, el dinero público tiene que tener explicaciones. Y la libertad de prensa, garantías.



