Revelación exclusiva de Pluma Viral sobre el fiscal Rafael Vehils Ruiz quien quedó en el centro de la tormenta tras el pedido de remoción presentado por una letrada tucumana. El escrito sostiene que el funcionario habría desestimado de manera irregular una investigación de la PROCELAC sobre el desvío de fondos públicos que asciende a $40.000 millones, afectando las arcas municipales de tres provincias del NOA.
Por Redacción Judicial
Una trama de presunta corrupción sistémica y encubrimiento judicial sacude los tribunales federales del Norte Grande. La abogada tucumana Myriam Inés Costilla presentó una denuncia formal ante el Procurador General de la Nación solicitando el inicio de sumario administrativo y la remoción del Fiscal Federal Dr. Rafael Vehils Ruiz por presunto mal desempeño y omisión de sus deberes.
El origen: La «Caja Negra» de los Municipios
La controversia nace de una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), liderada por el fiscal general Diego Velasco. Según el informe federal, se detectó un patrón de extracciones masivas de efectivo —mediante la modalidad de «cheques ventanilla»— desde cuentas municipales hacia destinos inciertos.
Según esta especificado en la denuncia de la Unidad Técnica dependiente del Procurador general de la Nación el Fiscal Diego Velazco estimo el monto presunto del desvío ascendiendo a la cifra de $39.485.000.000 (sumando otras provincias).
La investigación que recayó en el fiscal federal subrogante N° 1, Rafael Vehils Ruiz, se trata además del fiscal electoral de la provincia ya que la denuncia de Velasco está orientada al uso de fondos con fines electorales. Según el informe de la Procelac, los municipios tucumanos habrían extraído más de $17.000 millones sin justificación que convenciera a las autoridades del Banco Macro, que es la entidad que tiene las cuentas públicas en la Provincia.
En total son ocho los municipios del norte que pusieron en alerta a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), por haber realizado extracciones bancarias por un total de $39.487 millones, sin documentación respaldatoria, entre enero de 2023 y octubre de 2024. De Tucumán son: Banda del Río Salí ($17.256 millones), Famaillá ($11.449 millones), Lules ($4.217 millones) y Monteros ($3.923 millones).
Las extracciones, según la Unidad de Información Financiera (UIF), mostraron «curvas crecientes» que coincidieron con las fechas de las elecciones provinciales y nacionales de 2023.
La acusación contra Vehils Ruiz
A pesar de la gravedad de las pruebas presentadas por los organismos nacionales (UIF y PROCELAC), que calificaron las operaciones como «sospechosas» de lavado de activos y peculado, el fiscal Rafael Vehils Ruiz habría decidido desestimar y archivar la causa, llamando a las maniobras “displicencia”.
En su denuncia, la Dra. Myriam Costilla sostiene que el fiscal omitió realizar medidas de prueba técnicas fundamentales antes de cerrar el caso. «Vengo a solicitar que se dé inicio al trámite de remoción por mal desempeño de sus funciones», afirma el escrito, donde se advierte que esta omisión podría generar responsabilidad internacional para el Estado Argentino ante tratados anticorrupción.
Pedido de Fiscal Ad-Hoc e Intervención Federal
La denunciante ha solicitado ante el Procurador General de la Nación la designación de un fiscal ad-hoc para que revise la desestimación y reabra la investigación original de la PROCELAC, con el fin de evitar la prescripción de los delitos y la pérdida de pruebas fundamentales.
El informe de la PROCELAC desestimado por Vheils Ruiz es parte integrante de las pruebas que fundamentan la denuncia que la Dra. Myriam Costilla efectuó en el marco de la causa, que ahora tramita bajo el expediente 34/2026 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de pedido de Intervención Federal a la Provincia de Tucumán.
La remoción solicitada contra Vehils Ruiz promete convertirse en un caso testigo sobre la trazabilidad de los fondos públicos y la transparencia de la justicia federal en las provincias.
