Tucumán ya no solo llora sus pérdidas materiales; hoy exhala a muerte.
La desidia gubernamental ha mutado: ya no es simple negligencia administrativa, es una masacre humanitaria bajo una mortaja de barro.Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo se aferra a un libreto de orden ficticio y previsibilidad cínica, -como Diario de Irigoyen-, la realidad brota de las aguas pútridas con una violencia terminal.
La cifra oficial es una farsa. Ayer se contaron tres víctimas fatales, pero ese número es apenas el velo con el que el Ejecutivo intenta sepultar el conteo real de cadáveres que la inundación se está tragando. El colapso es total: no son 96, sino 200 las escuelas sentenciadas, edificios convertidos en ruinas que no volverán a abrir sus puertas.
El abandono estatal ha dejado de ser una omisión para convertirse en un crimen de magnitud incalculable.
La tragedia no afecta a 10.000 familias; la realidad exige quintuplicar ese número, dejando a más de 50.000 tucumanos desterrados en su propia tierra, hundidos en la miseria y el agua contaminada. En este territorio entregado a la muerte, el Estado no está ausente; el Estado es el verdugo que mira desde la orilla mientras el pueblo se ahoga.
El Precio de la Inacción: 36.500 Millones que no están
El contraste es obsceno. Por un lado, miles de tucumanos intentando salvar sus escasas pertenencias del barro; por el otro, un presupuesto de 36.500 millones de pesos destinados al promocionado «Plan Pre-lluvia» que, a la luz de los hechos, solo parece haber servido para alimentar la burocracia o los bolsillos de la política.
¿Cómo se justifican las muertes y miles de hogares bajo el barro tras años de supuesta inversión?
La respuesta no cae de las nubes, sino que se oculta en los despachos. La ausencia de obras estructurales no es casual: es el resultado de informes técnicos, como los Lineamientos para la Elaboración de Planes Hídricos Estratégicos (Res. 60/2017), que duermen en los cajones de la Legislatura desde 2019. En Tucumán, la prioridad parece ser la permanencia en el poder antes que la vida de los ciudadanos.
Emergencia económica-social, de Infraestructura en obras y educación.
El impacto en la educación es el tiro de gracia para el futuro de la provincia. Con centenares de escuelas fuera de servicio, el sistema educativo colapsa ante la primera tormenta seria. No son solo edificios inundados; son miles de niños y jóvenes tucumanos a los que se les arrebata el derecho a aprender porque el gobierno fue incapaz de limpiar un canal o reforzar un puente e “invertir” el dinero que le fue entregado con dicha finalidad.
Esta crisis no es un evento aislado; ocurre en una provincia donde el 45% de la población vive en la pobreza. Para estas miles de familias damnificadas, la inundación no es un contratiempo: es la pérdida total de su capital de vida, bajo la mirada indiferente de una gestión que gasta fortunas en propaganda e información deshumanizada. Miente, miente, mientras el interior se hunde.
La tragedia hídrica es el correlato físico del quiebre institucional que atraviesa Tucumán. Ante la Corte Suprema de la Nación —último refugio ético de la República—, se ha denunciado un engranaje de poder donde el Ejecutivo, la Justicia y el Ministerio Público Fiscal actúan como un bloque monolítico. Este ‘triunvirato autocrático‘, que el gobernador Jaldo exaltó como una ‘unión de poderes’ en su discurso del 1 de Marzo del 2025, constituye el blindaje perfecto para garantizar la opacidad que impide la investigación del manejo de los fondos públicos.
Sin una justicia independiente que audite los 40.000 millones de pesos retirados en efectivo por municipios amigos (Caso denuncia de PROCELAC), y sin organismos de control que exijan rendiciones de cuentas sobre el Plan Pre-lluvia, los tucumanos están condenados a repetir este ciclo de muerte y lodo.
Tucumán hoy no necesita más promesas de «comités de emergencia» archivados y que solo aparecen cuando el agua llega al cuello. Lo que la provincia demanda es el restablecimiento de la forma republicana de gobierno. La solicitud de Intervención Federal deja de ser un planteo jurídico para convertirse en un imperativo ético.
Mientras el gobernador Jaldo se jacta de un equilibrio político ficticio, la provincia sangra.
Solo ayer tres vidas perdidas y miles de familias en la calle son el saldo de un modelo que ha decidido que la caja política es más importante que la vida de sus ciudadanos.
Tucumán está hundido en agua y lodo y el tiempo de las explicaciones se ha agotado ante la lluvia de la corrupción.
