El juez federal N° 2 de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, dictó el procesamiento sin prisión preventiva del abogado Luis Alejandro Ontiveros, al considerarlo presunto autor responsable de los delitos de tráfico de influencias agravado -en dos hechos- y violación de medios de prueba en concurso real. La resolución judicial incluye además la traba de un embargo sobre los bienes del imputado por un monto de cien millones de pesos ($ 100.000.000) para garantizar las costas y responsabilidades civiles del proceso.
La decisión se fundamenta en un análisis del «plexo probatorio, detallado y pormenorizadamente analizado» que desestimó los descargos de la defensa. El juez concluyó que para el dictado de esta medida «basta con la mera convalidación de la sospecha, no siendo necesaria una certidumbre con grado apodíctico», validando la hipótesis de la fiscalía representada por Agustín Chit sobre la existencia de una «venta de la influencia» sustentada en la extrema cercanía de Ontiveros con el camarista Mario Rodolfo Leal y de su propia esposa, Solana Casella, postulante al juzgado federal n° 1 y relatora exclusiva de Leal.
De acuerdo al fallo, quedaron plenamente acreditados los tres hechos delictivos imputados: el primero, del 10 de marzo de 2023, por ofrecer influencias a Mario Alberto Martínez Salazar Pérez (que fue representado por Juan Andrés Robles) a cambio de USD $ 100.000; el segundo, desarrollado entre el 15 y 21 de abril de 2025, por un nuevo ofrecimiento de USD $ 80.000 para revertir votos en la Cámara Federal; y el tercero, ocurrido el 4 de junio de 2025, cuando el imputado procedió a «eliminar las aplicaciones de WhatsApp y Telegram, con el fin de destruir prueba relevante para la investigación».
Finalmente, el Juzgado Federal impuso estrictas medidas de coerción personal al procesado. Ontiveros, defendido por el estudio de Miguel Angel Pierri, deberá formalizar la promesa de someterse al proceso, tendrá la expresa «prohibición de comunicarse o acercarse al denunciante» o a eventuales testigos, y no podrá cambiar de domicilio ni «salir del país sin autorización previa”.
El Juzgado Federal N°2 de Tucumán analizó la situación procesal de Luis Alejandro Ontiveros, acusado de haber intentado cobrar importantes sumas de dinero a cambio de supuestas gestiones para influir en resoluciones judiciales vinculadas a una causa federal donde estaba imputado Jerónimo Martínez Parada, hijo del denunciante Mario Alberto Martínez Salazar Pérez.
Según la denuncia, Ontiveros habría asegurado que, gracias a la influencia de su esposa —a quien presentaba como relatora vinculada a la Cámara Federal de Apelaciones— podía intervenir en decisiones judiciales a cambio de dinero.
La investigación describe tres encuentros principales:
Marzo de 2023: en el bar Del Turista, donde Ontiveros habría pedido USD 100.000 para lograr el sobreseimiento de Jerónimo Martínez Parada.
15 de abril de 2025: en inmediaciones del bar Sole Mio, en Yerba Buena, donde habría solicitado USD 80.000 para revertir una decisión vinculada a un pedido de prisión preventiva.
21 de abril de 2025: en el bar Nico, también en Yerba Buena, donde se habrían discutido detalles de pago y entrega del dinero.
La Fiscalía sostuvo que pudo corroborar los encuentros mediante:
Chats y mensajes de WhatsApp aportados por el denunciante.
Capturas de pantalla encontradas en el teléfono de Ontiveros.
Pericias informáticas realizadas por la DATIP.
Geolocalizaciones del celular del acusado.
Registros de antenas telefónicas.
Cámaras de seguridad de los lugares donde se produjeron las reuniones.
Además, la investigación determinó que Ontiveros utilizaba vehículos vinculados al camarista federal Mario Rodolfo Leal, incluyendo una Toyota Corolla Cross y una Fiat Toro asignada oficialmente a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, hecho que también fue incorporado como elemento de análisis por los investigadores.
El expediente destaca que las reuniones investigadas coincidieron temporalmente con momentos clave del trámite judicial relacionado con la situación procesal de Jerónimo Martínez Parada, circunstancia que la Fiscalía consideró relevante para sostener la acusación.
En síntesis, la causa investiga si Ontiveros utilizó supuestos contactos e influencia dentro del ámbito judicial para solicitar entre USD 80.000 y USD 100.000 a cambio de favorecer decisiones judiciales en beneficio del hijo del denunciante.
