El procesamiento judicial del empresario azucarero Ricardo Sixto Ansonnaud, propietario del ingenio La Trinidad, terminaría por hacer caer la millonaria operación que negociaba con el empresario Santiago Blaquier para comprar el histórico establecimiento ubicado en el sur de Tucumán, según indicaron fuentes azucareras de nuestra provincia que estaban al tanto de las negociaciones.
La decisión del juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez, que procesó a Ansonnaud como jefe de una asociación ilícita tributaria y ordenó un embargo de $1.000 millones, generó un fuerte impacto en el sector azucarero y terminaría por frustrar una de las operaciones empresariales más importantes que se proyectaban para la industria sucroalcoholera de la provincia.
El plan impulsado por Blaquier, a través de su empresa Ingenios de Tucumán SA, apuntaba a quedarse con La Trinidad para integrarlo con el ingenio Concepción, cuya compra se concretó a fines del año pasado. Con ambos complejos bajo el mismo control, el proyecto buscaba crear un gigante agroindustrial capaz de procesar 5,5 millones de toneladas de caña por zafra, lo que lo habría convertido en el mayor jugador del sector en la región.
Sin embargo, la situación judicial que enfrenta el actual dueño del ingenio terminó por paralizar la operación.
El procesamiento dictado por la Justicia federal expone un presunto esquema de evasión fiscal y maniobras irregulares vinculadas a la explotación del establecimiento, lo que generó un escenario de alto riesgo legal y financiero que terminó alejando a los inversores.
La causa se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador nacional, actualmente denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por presuntas maniobras de evasión impositiva, retención indebida de aportes a la seguridad social y otras irregularidades vinculadas con la comercialización de azúcar.
En la resolución judicial se describe la presunta existencia de una estructura organizada que habría operado durante años para sostener la actividad del ingenio mientras se eludían obligaciones fiscales y previsionales. Según la investigación, el esquema habría funcionado al menos desde 2010, utilizando distintas sociedades comerciales para continuar con la explotación del establecimiento mientras las firmas anteriores quedaban sin recursos para afrontar sus deudas con el fisco.
Además de Ansonnaud, el juez procesó a Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata, quienes fueron considerados integrantes de la presunta organización. En el caso de estos imputados, la Justicia también ordenó embargos por $700 millones sobre los bienes de cada uno.
Entre las sociedades mencionadas en la investigación aparecen MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA, estructuras que, según la hipótesis fiscal, habrían sido utilizadas de manera sucesiva para continuar con la actividad productiva mientras se evitaba el pago de impuestos y cargas sociales.
El expediente judicial menciona una serie de maniobras que incluyen ventas de azúcar sin registrar, emisión de remitos irregulares, utilización de contribuyentes considerados no confiables y omisión sistemática en el pago de impuestos nacionales y aportes a la seguridad social. También se investiga la posible retención indebida de aportes previsionales y la contratación de trabajadores no registrados.
Uno de los elementos más contundentes de la investigación surgió durante los allanamientos, cuando se detectó un depósito no declarado que contenía 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una sin respaldo documental. Según el fallo judicial, la empresa había negado previamente la existencia de ese depósito.
Para el juez, los elementos reunidos durante la instrucción permiten sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, que existió una organización destinada a cometer ilícitos fiscales de forma sistemática. En ese esquema, Ansonnaud habría tenido un rol central como propietario del ingenio, directivo de varias de las sociedades involucradas y beneficiario del fideicomiso utilizado para la explotación del establecimiento.
La resolución judicial también señala que su intervención aparece reflejada incluso en remitos y órdenes de entrega de mercadería detectados durante la investigación, lo que refuerza la hipótesis de su participación directa en la operatoria investigada.
El delito de asociación ilícita tributaria contempla penas que van de tres años y seis meses a diez años de prisión, con un mínimo de cinco años para quienes sean considerados jefes u organizadores de la estructura. Además, se trata de una figura penal autónoma, lo que significa que la eventual regularización de deudas fiscales no elimina la responsabilidad penal por la presunta organización delictiva.
El procesamiento constituye una instancia intermedia dentro del proceso penal y todavía puede ser apelado. De hecho, el abogado defensor de Ansonnaud, Arnaldo Ahumada, adelantó que recurrirán la decisión judicial al considerar que debe ser revisada.
Más allá de esa instancia, el impacto de la decisión judicial ya se hizo sentir en el mercado azucarero.
La operación que buscaba concretar Blaquier quedó virtualmente caída y el proyecto de consolidar un nuevo gigante sucroalcoholero en Tucumán quedó, al menos por ahora, completamente paralizado.
