La crisis entre los prestadores privados y PAMI escala: cuatro entidades anunciaron una suspensión de la atención programada para el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. Denuncian atrasos en los pagos, contratos que dificultan las prestaciones y un deterioro económico que amenaza la continuidad de los servicios para millones de jubilados y pensionados.
La tensión entre las clínicas privadas y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) vuelve a encender las alarmas en el sistema de salud. CAPRESS, Salud Federal, ACAMI y Clínicas de la Patagonia anunciaron una medida de fuerza que prevé suspender la atención programada a los afiliados durante el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre.
Dos días de conflicto y miles de afiliados en vilo
La decisión, según informaron las entidades, llega después de más de dos años de reclamos por la actualización de los pagos y las condiciones contractuales. Los prestadores aseguran que las gestiones realizadas ante las autoridades de la obra social y el Ministerio de Salud no obtuvieron las respuestas esperadas.
También señalaron que continúa sin respuesta el pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que contó con la adhesión de más de 30 asociaciones regionales y provinciales del sector.
Los reclamos que profundizan la crisis
Las entidades sostienen que el esquema de financiamiento vigente deteriora la capacidad de las clínicas para mantener sus servicios. Entre los principales puntos del conflicto figuran:
- Pagos atrasados frente a la inflación: los prestadores denuncian un desfasaje de entre el 100% y el 131% en los valores retributivos durante los últimos dos años.
Contratos cuestionados: afirman que las condiciones actuales generan limitaciones y dificultades operativas para atender a los afiliados. - Más presión sobre los hospitales públicos: advierten que la derivación de pacientes al sistema estatal agrava la demanda sobre establecimientos que ya enfrentan dificultades.
- Problemas financieros: aseguran que los ingresos actuales comprometen la sustentabilidad de las instituciones y la continuidad de las prestaciones.
A estos reclamos se suma el pedido de una reforma tributaria para los prestadores privados de salud, una iniciativa que las entidades consideran necesaria para aliviar la situación económica del sector.
La Patagonia ya sufrió las consecuencias
El conflicto tuvo antecedentes recientes en el sur del país. A fines de agosto, clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada para afiliados de PAMI, en una medida que afectó a casi 300.000 jubilados y pensionados.
La interrupción alcanzó consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras que se mantuvieron las guardias y las emergencias.
Durante esa misma semana, más de un centenar de clínicas y sanatorios del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza también interrumpieron sus prestaciones durante 48 horas.
Además, otros sectores de la atención médica, entre ellos oftalmólogos, médicos de cabecera y odontólogos, vienen aplicando restricciones, según los antecedentes mencionados por los prestadores.
Un conflicto que amenaza con desbordar el sistema de salud
La disputa entre PAMI y las clínicas privadas excede una discusión por tarifas. Según los datos difundidos por el sector, los prestadores privados representan aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación del país, con más de 1.600 instituciones, y concentran el 56% de las camas disponibles, equivalentes a más de 120.000.
En regiones como la Patagonia, donde las distancias entre localidades y centros médicos pueden dificultar el acceso a la atención, el papel de estas instituciones resulta especialmente relevante.
Las entidades sostienen que necesitan una respuesta urgente para evitar un deterioro mayor de los servicios. También advierten sobre las consecuencias que la crisis podría tener para los trabajadores de la salud, las instituciones y los pacientes.
¿Qué deben tener en cuenta los afiliados de PAMI?
La medida anunciada apunta a la atención programada durante el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. Antes de concurrir a una clínica o sanatorio, los afiliados deberían consultar con el establecimiento para confirmar si su turno o práctica se mantiene.
Es importante distinguir la suspensión de prestaciones programadas de la atención de urgencias y emergencias. En los antecedentes citados, las guardias y las emergencias se mantuvieron operativas; no obstante, los afiliados deben verificar las condiciones informadas por cada prestador para estas nuevas jornadas.
El desenlace dependerá de si las autoridades de PAMI y los representantes de las clínicas logran abrir una instancia de negociación que permita revisar los pagos y las condiciones contractuales.
Por ahora, el conflicto vuelve a dejar una preocupación central: cuando se interrumpe la atención programada, los jubilados y pensionados quedan expuestos a la incertidumbre sobre sus consultas, estudios y tratamientos.
