En las carnicerías de Tucumán, la inquietud se ha convertido en rutina. Desde la última semana de octubre, cuando la carne inició una escalada de precios, los comerciantes observan con inquietud cómo cada actualización deviene en una nueva sorpresa: algunos cortes ya superan con facilidad los $20.000.
La noticia circula entre mostradores y clientes, y la sensación predominante es la de una cadena de factores que conspiran para erosionar el bolsillo del consumidor.
Al principio, la explicación que se repetía era técnica y casi institucional: Argentina había consolidado un nivel de exportaciones que reducía la oferta destinada al mercado interno y, por ende, empujaba los precios al alza. Sin embargo, con el paso de las semanas esa lectura fue perdiendo fuerza entre los propios vendedores.
Hoy muchos carniceros apuntan a prácticas de retención por parte de productores agropecuarios, que, según denuncian, estarían guardando animales y ralentizando la faena. Al mismo tiempo, surge la sospecha hacia frigoríficos y matarifes por posibles fallas u omisiones en la cadena de abastecimiento que terminarían encareciendo el producto.
Lo que añade desconcierto al sector es una contradicción aparente: pese a que los registros del Mercado de Hacienda de Liniers muestran una baja en los precios de referencia, esos valores no se traducen en una reducción en los mostradores. Esa brecha entre el mercado mayorista y el minorista alimenta las conjeturas sobre prácticas de especulación u obstáculos logísticos que impiden que la rebaja alcance al consumidor final.
En este escenario, los carniceros de Tucumán se ven atrapados entre costos crecientes, presiones de proveedores y la necesidad de mantener la clientela. Mientras tanto, los consumidores observan con preocupación cómo uno de los alimentos más tradicionales del plato argentino se vuelve cada vez menos accesible, y las autoridades locales y nacionales deberán evaluar datos y testimonios para discernir si se trata de dinámicas de mercado legítimas, problemas de infraestructura o acciones que requieran intervención regulatoria.
