El Senado aprobó por unanimidad una nueva normativa que busca dar continuidad al sistema de discapacidad en Argentina. Se mantiene la pensión equivalente al 70% de la jubilación mínima, se permitirá trabajar sin perder el beneficio bajo determinadas condiciones y habrá auditorías periódicas. También se establecen cambios en las prestaciones y en el financiamiento del sector.
La nueva Ley de Discapacidad fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación el jueves 19 de noviembre de 2026. La iniciativa establece un régimen permanente para el sistema de protección de las personas con discapacidad y busca reemplazar el esquema de emergencia que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.
Entre los principales cambios aparecen la continuidad de las pensiones no contributivas, la posibilidad de compatibilizar el beneficio con un empleo registrado, la actualización de los aranceles de las prestaciones y la implementación de controles periódicos.
Qué cambia en las pensiones por discapacidad
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que la pensión no contributiva por discapacidad continuará siendo equivalente al 70% de una jubilación mínima.
Además, el beneficio tendrá actualización de acuerdo con las reglas de movilidad previsional vigentes. La ley no establece un aumento extraordinario de las pensiones.
Para acceder a la prestación será necesario cumplir con una serie de condiciones:
- Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.
- En el caso de personas extranjeras, acreditar cinco años de residencia legal y continuada en el país.
- No tener ingresos individuales netos iguales o superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- No percibir otra jubilación, retiro o pensión incompatible con el beneficio.
- Aprobar una evaluación socioeconómica.
- En caso de tener una propiedad, acreditar que se trata de la única vivienda familiar.
Un aspecto importante es que, para evaluar los ingresos, se tendrá en cuenta la situación económica individual del solicitante y no la totalidad de los ingresos de su grupo familiar.
Se podrá trabajar sin perder la pensión
Otro de los cambios más relevantes es la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el trabajo registrado.
La nueva normativa permitirá que los titulares del beneficio puedan incorporarse al mercado laboral, trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la pensión.
La condición es que los ingresos individuales no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Si la persona supera ese límite, la prestación quedará suspendida mientras se mantenga esa situación. Cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope, podrá solicitar la rehabilitación inmediata del beneficio.
La medida busca evitar que las personas con discapacidad deban elegir entre acceder a un empleo formal y conservar su cobertura económica.

Habrá auditorías y controles sobre las pensiones
La nueva ley también establece un sistema de auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo los requisitos de acceso.
Los controles estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que podrá cruzar información con distintos organismos del Estado, entre ellos:
- ANSES.
- ARCA.
- RENAPER.
- Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
- Secretaría de Trabajo.
Si durante las auditorías se detectan posibles irregularidades, la persona beneficiaria deberá ser notificada y tendrá derecho a presentar un descargo.
La normativa contempla la posibilidad de suspender preventivamente una pensión cuando se verifiquen incumplimientos, pero también establece mecanismos para solicitar su rehabilitación mientras se resuelve la situación.
Qué pasará con las prestaciones y los prestadores
La normativa también incorpora medidas vinculadas al funcionamiento del sistema de atención integral para personas con discapacidad.
Entre los puntos principales se encuentran:
Nomenclador único: se mantiene el esquema que establece los valores de las prestaciones básicas.
Actualización de aranceles: los valores tendrán actualización automática de acuerdo con la movilidad jubilatoria.
Cobertura médica: se garantiza la continuidad de las prestaciones básicas de salud a través de Incluir Salud.
Deudas con prestadores: el Gobierno deberá publicar un cronograma de cancelación de las compensaciones pendientes dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley.
Plazo de pago: la cancelación de las deudas correspondientes deberá completarse en un máximo de 90 días para quienes hayan finalizado los trámites administrativos.
Además, se establece que el presupuesto destinado a estas políticas deberá garantizar recursos suficientes para sostener el sistema y que el financiamiento por beneficiario no podrá disminuir en términos reales respecto del año anterior.
Cuándo comenzarán a regir los cambios
Tras la aprobación del Senado, la nueva normativa debe pasar por el proceso de promulgación y publicación en el Boletín Oficial.
El texto establece que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Además, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con su reglamentación dentro de los 30 días hábiles posteriores a esa publicación.
La reglamentación será importante para definir cuestiones operativas, como los criterios de evaluación socioeconómica, los procedimientos de control y las condiciones de implementación de algunas prestaciones.
De esta manera, la nueva legislación busca establecer reglas permanentes para las pensiones, el empleo, la atención médica y el financiamiento del sistema de discapacidad en Argentina.
La implementación efectiva y el cumplimiento de las garantías presupuestarias serán aspectos centrales para determinar su impacto en las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que brindan servicios.




