«No existe la justicia en Tucumán»

La denunciante del Caso Trápani apuntó con dureza contra el máximo tribunal provincial y el ministro fiscal Edmundo Jiménez tras la veloz absolución de los condenados.

Ana Carolina Monteros rompió el silencio luego de conocerse que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió por el beneficio de la duda a Franco de Jesús Trapani y Álvaro Rodríguez, revocando las penas de 10 y 8 años de prisión que pesaban sobre ellos por abuso sexual agravado.

Monteros describió el impacto de la noticia como «muy shockeante» y manifestó sentir una «sensación totalmente de desprotección, de revictimización» y un estado anímico «muy devastador». Al evaluar el rol de la cúpula del Poder Judicial —encabezada por el vocal Daniel Leiva—, la joven tucumana fue categórica sobre el mensaje que las autoridades judiciales envían a la sociedad:

«Es un mensaje totalmente aleccionador; nos está diciendo ‘no denuncien porque acá no les vamos a dar respuesta, queda todo en la nada’. No existe la justicia en Tucumán; hoy les puedo decir que no existe la justicia en Tucumán».

La víctima centró sus cuestionamientos en el accionar del jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, cuyo dictamen absolutorio emitido en apenas siete días hábiles despejó el camino para el fallo definitivo de la Corte. «Mi opinión es que es una persona totalmente permeable al poder económico, servil al poder económico», denunció Monteros, vinculando la inusual celeridad del trámite con los recursos de la familia de los acusados. En ese sentido, reveló que el entorno de Trápani intentó frenar el proceso mediante ofertas de dinero:

Cuatro o cinco días antes de que empiece el juicio llamaron a mi abogado para decirle qué posibilidades había de posponer el inicio del debate oral y hacer un arreglo económico».

Asimismo, cuestionó que el proceso se resolviera de forma tan apresurada en comparación con el letargo habitual de los tribunales locales: «Nadie es ingenuo en esto, pero por lo menos no esperábamos que fuera tan rápido, tan exprés como ha sucedido».

Hacia el final de la entrevista, Monteros expuso el severo daño psicológico que le infligió una década de batallas en los pasillos de tribunales frente a imputados que gozaron de absoluta libertad. «Han sido diez años de atravesar un proceso judicial muy desgastante; no puedo estudiar ni puedo trabajar porque me he abocado mucho a perseguir justicia, atravesando depresiones e internaciones», relató, confirmando que permanece bajo estricto «tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace muchos años». Acompañada en el estudio por su abogado Carlos Garmendia, la joven desmitificó el argumento de la Corte sobre la supuesta falta de pruebas, recordando que existen informes médicos que acreditan los golpes en su cuerpo y pericias de profesionales de tribunales que constatan las secuelas en su psiquis. Finalmente, ratificó que no bajará los brazos y recurrirá a la instancia nacional: «Desde luego, sí, por supuesto que vamos a apelar ante la Corte Suprema de la Nación».

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