Por Redacción Central La Pluma Viral
¿Usted sabe qué hace su legislador? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Sabe si, además de levantar la mano cuando se lo piden desde el Poder Ejecutivo, realmente trabaja? Si usted es uno de los miles de tucumanos que no tiene ni idea, no se sienta mal: la Honorable Legislatura de Tucumán ha diseñado un sistema perfecto para que usted no se entere.
El costo de la «escribanía», Los ciudadanos de Tucumán deben preguntarle a la Burra Mansilla y Miguel Acevedo cabeza del Poder Legislativo,
¿Cómo hacer para obtener información clara sobre cuánto gana un legislador?
Ello porque, insólitamente y ante la cámara de medios de prensa, Acevedo dice no saber o no conocer cuánto gana un legislador.
Según un informe revelador de Grupo Borgia, esta institución, que se lleva una fortuna de los bolsillos de los contribuyentes, funciona como una suerte de club privado donde la transparencia brilla por su ausencia y la rendición de cuentas es un concepto abstracto.
Vamos a los números, que son los que duelen.
El presupuesto legislativo es una cifra mareante: $134.037 millones. Si dividimos esa torta entre las 49 bancas que tiene la provincia, el costo institucional es de $2.735 millones anuales por banca. Estamos hablando, lisa y llanamente, de una banca de oro financiada con el esfuerzo de una provincia que reclama resultados mientras observa cómo sus representantes viven bajo reglas económicas radicalmente distintas.
Pero no se confunda, no es que ese dinero sea el sueldo directo del legislador —aunque el informe advierte que la remuneración equivale a unos treinta salarios mínimos, algo que genera un impacto mediático explosivo—; es el costo de mantener una estructura que, en la práctica, se comporta más como una «escribanía» del Poder Ejecutivo que como un órgano de control.
Gobierno absoluto con una legislatura “modo escribanía”. Grabación audiovisual que registra el discurso del Gobernador Osvaldo Jaldo (01 de Marzo 2025), recinto de la legislatura, evidencia material y momento exacto del quebrantamiento de la división de poderes y la suma del poder público. Se observa la celebración de la tortura por todos los representantes de los poderes presentes.
¿Por qué son tan herméticos? La respuesta está en la teoría del «evitar la culpa” o “blame avoidance» que intenta explicar el fenómeno según el cual, mientras menos información clara publiquen los políticos, menos podrán ser controlados. Es una «transparencia inversa» donde el ciudadano tiene que hacer un trabajo de detective para reconstruir qué hacen sus representantes, mientras ellos disfrutan de un presupuesto que parece diseñado para la opacidad.
No publican nóminas de asesores de forma clara, no hay tableros de ejecución presupuestaria descargables, y la trazabilidad de los proyectos es un laberinto diseñado para desincentivar la participación ciudadana.
El resultado: una crisis de legitimidad, pero la sociedad no es tonta. Un estudio realizado por el Grupo Borgia es lapidario, el 74,4% considera que el costo de la Legislatura es excesivo. Unos 60,1% afirma directamente que la institución no es transparente. Finalmente, un 50,6% evalúa el desempeño como malo o muy malo.
El Poder Ejecutivo de Tucumán en cabeza de Osvaldo Jaldo. La foto muestra al mandatario junto al muy cuestionado legislador Gerónimo Vargas Aignasse: hoy ultra jaldista, -ex ultra manzurista y antes ex ultra alperovichista, ex ultra cristinista y ex massista-. El ejecutivo lidera la mayor cantidad de presentación de proyectos de ley presentados y aprobados en la legislatura -ultra jaldista- y más cara del país. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse es uno de los más obsecuentes defensores a la hora de aprobar las leyes que pide Jaldo.
Mientras tanto, la agenda sustantiva —lo que realmente importa— viene cocinada desde el Ejecutivo. La Legislatura simplemente ratifica, con una tasa de rechazo bajísima y votaciones nominales que brillan por su ausencia.
La Legislatura de Tucumán tiene un problema grave de legitimidad, los tucumanos no los quieren. Y mientras sigan escondiendo los datos y evitando que los ciudadanos sepamos quién hace qué, la sospecha de corrupción seguirá siendo la única certeza que nos queda.
Fuente Grupo Borgia
